· Para que pueda existir un sistema que realmente combata la corrupción debemos establecer un mecanismo de protección a denunciantes y testigos.
· Se traiciona la voluntad de la ciudadanía; al no considerar los formatos que están actualmente siendo utilizados por la iniciativa ciudadana 3de3.
La Senadora Ciudadana, Martha Tagle, subió a tribuna del Senado de la República a exponer su punto de vista sobre el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a raíz de la iniciativa ciudadana 3de3.
Indicó que la gran voluntad de la ciudadanía al empujar una iniciativa avalada por más de 634 mil firmas; es sin duda, la parte sustancial del sistema anticorrupción.
Sin embargo, me parece que con el pretexto de darle salida justamente a algunas propuestas de la ciudadanía terminan por meter algunos “goles” al dictamen de la Ley de Responsabilidades que traiciona el sentido de la iniciativa ciudadana 3de3.
Por ejemplo, no se considera la inclusión de consejeros independientes de las empresas productivas del Estado como servidores públicos.
Y lo más alarmante, en el artículo 4 de la propuesta establece como sujetos obligados a los servidores públicos, pero el artículo 5 acota el alcance de este término a efecto de que no se considere que tienen el carácter a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado.
Abrir la puerta a que las leyes dispongan qué personas no serán consideradas servidores públicos y, en última instancia, a qué personas no podrán imponerse responsabilidades conforme a la ley que nos ocupa resulta de una gravedad enorme.
Por otra parte, un tema muy importante es la carencia de un sistema de protección a denunciantes y testigos, ya que, fue una de las propuestas fundamentales; no solamente de la iniciativa ciudadana, sino de otras iniciativas que en el mundo existen para combatir la corrupción.
“Para que pueda existir un sistema que realmente combata la corrupción debemos establecer un mecanismo de protección a denunciantes y testigos que han sido quitados de este dictamen”, aseveró la legisladora.
La aplicación del beneficio a quienes confiesen sus responsabilidad en faltas administrativas graves o faltas de los particulares; es decir, quienes cometen algún delito de corrupción al denunciarlo podrán tener un beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa o penal.
Por otra parte, Tagle mencionó que la propuesta no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, así como bienes muebles o inmuebles en condiciones notablemente favorables ofrecidas o propiciadas por quienes sean titulares de contratos de servicios o de obras públicas.
Señaló que “no se puede aprobar esta iniciativa, ya que, se traiciona la voluntad de la ciudadanía; al no considerar los formatos que están siendo utilizados por la iniciativa ciudadana 3de3”.
Bajo esta perspectiva se haría simple y sencillamente inviable la posibilidad de que estos formatos puedan contener realmente la información pública que hoy en día la ciudadanía nos está demandando en la “iniciativa ciudadana 3de3”, concluyo la senadora.
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