• Piden al ente fiscalizador informes sobre su desempeño y efectividadÂ
• Promoverán en el Sistema Nacional Anticorrupción mejoras en sus atribuciones
A partir de 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es transparente en su actuación y presenta un alto grado de ineficiencia para detectar irregularidades y conductas ilícitas en el ejercicio del gasto público, denunciaron senadores panistas al presentar hoy un punto de acuerdo.
Su desempeño pone en duda el cumplimiento de los principios de imparcialidad y confiabilidad establecidos en la Constitución, por lo cual consideraron urgente que el ente fiscalizador rinda informes estadísticos en los que detalle los resultados de su labor de 2005 a 2014.
Expusieron que en 2013 la ASF promovió 3 mil 565 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, de las cuales se ha procesado el 82 por ciento, lo que representa un porcentaje significativo, pero no incluye en su informe las relativas a las entidades federativas y los municipios, ni se sabe cuáles son los resultados.
“No es público cuántas promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias han sido procedentes, ni cuáles fueron las causas; tampoco se sabe en cuántas ameritó una sanción y cuál fue la medida aplicada a los funcionarios corruptos”, agregaron.
Es decir, se ignora en qué consistió la sanción para cada uno de los funcionarios públicos, si fueron objeto de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y por cuánto tiempo, en su caso.
“La existencia de la información antes referida permitiría a la ciudadanía conocer que el gobierno verdaderamente supervisa y sanciona los actos de corrupción; sin embargo, ante la opacidad que se maneja hasta el día de hoy no es posible conocer si realmente se está combatiendo la corrupción y/o las malas prácticas”, destacaron en el punto de acuerdo.
Resaltaron también que el número de denuncias penales emitidas en 2012, como resultado de la revisión a la cuenta pública, ascendió a 152, mientras que en 2013 sólo se emitieron siete.
“Esta significativa reducción amerita una explicación por parte de la ASF, sobre los criterios empleados para emitir denuncias penales entre un ejercicio fiscal y otro”, apuntaron.
Respecto a los principios de imparcialidad y confiabilidad, los senadores remarcaron que la ASF no ha sido consistente en el empleo de criterios en auditorías relacionadas entre sí, como las practicadas a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), al Registro Nacional Agrario y a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“No obstante que emitió una significativa cantidad de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, así como Pliegos de Observación en razón al deficiente desempeño de los funcionarios públicos, no hizo ninguna denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, a pesar de haber elementos suficientes para realizar denuncias en materia penal”, manifestaron.
Además, aseveraron que existe un pobre desempeño del ente fiscalizador, pues en 2013 emitió mil 476 observaciones por presuntos daños al erario, pero sólo el 11.4 por ciento de ellas se han traducido en procedimientos resarcitorios y 47.4 por ciento se han concluido por insuficiencia de pruebas.
“Con todo lo anterior, no es posible afirmar que la ASF esté combatiendo la corrupción. Los números no mienten y los resultados respecto a las expectativas que se han planteado son menos que pobres resultados. Esta conclusión es sumamente grave si se considera el costo de su financiamiento”, expresaron.
De nada sirve que cada año se incremente el número de auditorías, es un esfuerzo inútil si no hay resultados en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, subrayaron.
En uno de los resolutivos del punto de acuerdo, los senadores panistas solicitan que la ASF haga una propuesta de mejora en sus facultades y atribuciones, a fin de incorporarlas a los trabajos de redacción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
El punto de acuerdo, presentado por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, fue turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para su estudio y dictamen.
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