En el marco de la próxima comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y con motivo del análisis del eje educativo en el Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, recibió de diversas organizaciones de la sociedad civil un documento de consideraciones y propuestas que permitirán sumar esfuerzos para la exitosa aplicación de la reforma educativa y la calidad educativa de México.
Al comprometerse a entregar el documento al titular de la SEP y reconocer el esfuerzo de las organizaciones, el senador Romero Hicks señaló que “los 15 miembros de la Comisión de Educación tendremos mucha apertura para recibir y procesar las diferentes propuestas que nos están haciendo el día de hoy, porque además se refieren a los temas que están afectando el sector educativo de nuestro país”.
El senador por Guanajuato recordó que las tareas de la Comisión que preside han sido clasificadas en cuatro aspectos: política pública, legislación, rediseño de las instituciones y financiamiento, específicamente lo relacionado a los ingresos.
Destacó que el contenido de las propuestas y consideraciones entregadas a la Comisión tienen que ver con esos cuatro ejes. “Por ejemplo, en la reforma educativa hay que verificar qué es lo que se ha hecho y qué viene después; el Gobierno federal no ha anunciado la segunda etapa de la reforma, después de las modificaciones constitucionales y legales llevadas a cabo por el Congreso de la Unión”, dijo.
Respecto al concurso de plazas docentes en las entidades federativas, el senador por Guanajuato refirió que aunque hay avances, evidentemente existen todavía preocupaciones, ya que, por ejemplo, el sistema de información está inconcluso debido a los retrasos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Entre los grandes problemas que aún persisten, precisó, se encuentra el de las comisiones sindicales. El FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica) desaparece el 1 de enero y se transformará en el Fondo de Nómina Educativa; no obstante, presenta dos limitaciones en su diseño.
En primer lugar, explicó, no estimula la calidad y la equidad, temas aún pendientes en un artículo transitorio de la legislación, y por otro lado, existe el riesgo de que algunos gobernadores quieran deslindarse de la problemática que pudiera surgir cuando los maestros que no estén frente a sus grupos dejen de recibir sus salarios devengados o no, como lo estipula la ley.
“Sé que ésta no es una agenda exhaustiva. Ustedes tienen diferentes prioridades y, según me han explicado, éste es un documento base, común, uniforme, que lo que pretende hacer es una reflexión, muy apropiada, de reconocer dónde hay avances y dónde hay una agenda pendiente”, reconoció el legislador.
En su turno, la presidenta de ejecutiva de la agrupación Suma por la Educación, Teresa Ortuño, dijo que este documento representa “una puerta abierta” en la que se quiere destacar, ante los distintos actores involucrados, además de los avances logrados, el interés de las organizaciones sociales de participar en mejorar la calidad educativa de nuestro país.
“Estamos para ayudar, pero también estamos para señalar todo aquello que no nos parezca o que nos deje insatisfechos. Todas estamos comprometidas con el tema educativo y queremos que se sepa que aquí estamos para dar nuestros puntos de vista”, refirió.
En el documento entregado a la Comisión de Educación, las organizaciones de la sociedad civil señalan la necesidad de defender el uso de los recursos públicos por parte de las autoridades educativas, por lo que consideran necesario pagar únicamente a quienes realmente ejercen su profesión.
Sobre la profesionalización docente, el documento señala la urgencia de alinear cursos para la mejora de la práctica docente, con base en los resultados de las evaluaciones, así como lograr que los contenidos de dichos cursos sean útiles, pertinentes y congruentes.
En el caso de la evaluación que sustituirá a ENLACE, se señala la necesidad de una prueba abierta, transparente, con resultados medibles y que sea técnicamente sólida.
Las organizaciones firmantes del documento son: la Alianza de Maestros, la Coalición para la Participación Social en la Educación, el Colegio Hispanoamericano-Normales, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, la Federación de Escuelas Particulares, el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, Mexicanos Primero, Proeducación, la Red por la Educación, Redes Cemefi, Sociedad en Movimiento, Suma por la Educación, Telar Social México y la Unión Nacional de Padres de Familia.
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