Los senadores Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez pidieron que la Secretaría de la Defensa Nacional ponga a disposición de un juez del fuero civil a los presuntos responsables de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
También solicitaron la comparecencia del Secretario de la Defensa y del Secretario de Gobernación para que expliquen la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores del PRD también propusieron analizar el desempeño y la falta de un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante estos hechos.
Por lo que requirieron la presencia de Raúl Plascencia Villanueva, titular de este organismo, para que explique su postura ante las “reiteradas violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno”.
En tribuna, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, aseveró que esclarecer plenamente estos hechos es vital para la salud democrática de un país que no puede admitir la repetición de actos como los que ocurrieron el 30 de junio en el Estado de México
“ Los hechos de Tlatlaya vuelven a poner en la mesa la pertinencia de que nuestras Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública que corresponden a corporaciones civiles, y deja también hecho a un lado la promesa del gobierno federal de que paulatinamente iría regresando el ejército a sus cuarteles”, señaló la legisladora.
Padierna Luna mencionó que Tlatlaya es un recordatorio urgente de que se requiere un cambio radical en la estrategia de combate a la delincuencia, pues “a todas luces las fuerzas policiales y judiciales locales están rebasadas, y en las municipales, en varios casos, están infiltradas por el crimen organizado”.
Además consideró que debe haber una sola estrategia en todos los niveles de gobierno que ataque la pobreza y la marginación “que es el caldo de cultivo de la descomposición del tejido social”, puntualizó.
Hizo un llamado a no aceptar la impunidad, ni tolerar este tipo de agresiones, la represión, los asesinatos, las matanzas, las desapariciones forzadas, las persecuciones y las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas o estudiantes
“Debemos movernos todas y todos a exigir un cese inmediato a esta violencia, y a cambiar la estrategia de seguridad pública y al combate al crimen organizado que todos estamos padeciendo, es una política criminal contra movimientos sociales, es un nuevo tipo de guerra sucia para acallar voces de protesta”, sentenció.
Finalmente, Dolores Padierna pidió a la PGR atraer los casos de Guerrero, para aclarar los asesinatos ocurridos en Iguala y del dirigente nacional del PAN en ese estado.