Al analizar la iniciativa remitida el pasado 1 de septiembre de 2014, con carácter de preferente, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha tenido presente durante el proceso de análisis, los principios dictados por la Convención sobre los Derechos del Niño, primer instrumento internacional vinculante que reconoce de manera universal los derechos de los niños y niñas a la supervivencia, desarrollo, la educación, la protección y la participación, y establece los principios fundamentales que deben guiar el quehacer político, legislativo, institucional de la sociedad en general para su cumplimiento efectivo, expresó el Senador Francisco S. López Brito.
El sujeto de la Convención sobre los Derechos del Niño es precisamente el niño. El objeto de la Convención es reforzar la protección de los niños como plenos sujetos de derechos humanos, ya que ellos tienen todos los derechos propios de todos los seres humanos y, además, son beneficiarios de protección especial en su calidad de grupo más vulnerable, destacó el legislador federal.
“La Convención sobre los Derechos del Niño, como instrumento internacional de carácter vinculante, establece un antes y un después en la protección de los derechos de los niños y en su definitivo establecimiento como sujetos plenos de derechos”, dijo.
Por otra parte, en la reforma a la Constitución Política en materia de derechos humanos, promulgada el 10 de junio de 2011, el artículo 1º constitucional establece obligaciones a cargo de todos los poderes en todos los niveles de gobierno: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
La reforma constitucional de 2011 vino a reiterar que el tema fundamental de la constitución de una sociedad democrática son los derechos del ser humano y que todo lo demás que se construya debe estar subordinado a su respeto, preservación y defensa. En tal virtud, el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos está a cargo de todos los poderes, en todos sus niveles. Eso es lo que ordena la Constitución, comentó López Brito.
Por esta razón, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyamos en todo momento que esta ley surgiera con un enfoque garantista de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como una afirmación más de la vigencia y justiciabilidad de los derechos de los niños. En un esfuerzo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por impulsar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en esta materia, resaltó.
Es de celebrar que la Iniciativa preferente, en su momento presentada por el titular del Poder Ejecutivo, establezca el derecho de prioridad de las niñas, niños y adolescentes respecto de los adultos en el ejercicio de sus derechos y en la prestación de cualquier servicio “lo que implica, entre otras cosas, que los recursos presupuestales y las políticas públicas sean redirigidos para crear las condiciones que faciliten el goce de este derecho”.
“Haciendo uso de mi facultad de iniciativa, el pasado 12 de noviembre de 2013 presenté un proyecto de adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para dar cumplimiento al derecho a vivir en familia para todo menor de 18 años, que no tenga familia o se encuentre en el desamparo, misma que fue acopiada en el análisis de la iniciativa con carácter de preferente, lo cual reconozco”, mencionó el Senador Sinaloense.
La nueva legislación establecerá las bases y será rectora para la emisión de otras disposiciones que permitan, por ejemplo combatir el fenómeno del bullying. Se creará el registro nacional de menores y se determinará quién se hará cargo de los albergues así como las normas de revisión y supervisión de los mismos, reveló.
“Ante la aprobación de esta nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes convocamos a los tres niveles de gobierno, exhortamos a los gobernadores de los Estados a otorgar el apoyo político e institucional, con la finalidad de que, no sólo se realicen las modificaciones necesarias para que las leyes estatales sean compatibles con esta nueva ley sino que también se efectúen las reformas administrativas que ésta exige”, urgió.
Las familias, la comunidad, las asociaciones y las aulas deben promover el ejercicio real de estos derechos y desdoblar esquemas de protección que realmente permitan a las niñas y niños defenderse.
“Mi voto es a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es a favor de México”, finalizó.
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