El GPPRI, con el respaldo del PVEM, presentó la iniciativa de Ley de Propaganda Institucional, que busca evitar la malversación de recursos públicos para campañas de autoelogio y acabar con la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios de comunicación, para promover su imagen a expensas del erario.
“Una asignatura pendiente para México es la regulación de la propaganda gubernamental, que ha servido de instrumento a muchos funcionarios faltos de ética para posicionarse por ambiciones individuales, para ejercer presión sobre medios de comunicación o, incluso, para incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país”, subrayó la senadora Cristina Díaz.
Al presentar la propuesta ante el Pleno del Senado, la presidenta de la Comisión de Gobernación advirtió que en un México donde la democracia se ha perfeccionado, ya no cabe la libertad de prensa condicionada; deben respetarse las líneas editoriales sin discriminación, acotó.
Dijo que el PRI quiere contiendas electorales en las que no haya privilegios ni superioridad para los gobiernos en turno, sino responsabilidad con los ciudadanos y respeto a los medios de comunicación, cualquiera que sea su línea editorial, y puntualizó: “queremos piso parejo para todos los partidos y sus candidatos, así como transparencia en el uso de los recursos”.
La iniciativa, explicó, plantea que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos, precandidatos y candidatos.
También, determina que los criterios que deberá cumplir el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda son: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que debe respetar los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos.
La senadora por el estado de Nuevo León mencionó que un aspecto a destacar es que crea el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de tres años.
Además, abundó, faculta a la Auditoría Superior de la Federación, o sus equivalentes en las entidades federativas, para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.
De igual forma, garantiza que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve, estableciendo para ello una serie de infracciones y los mecanismos para su revisión.
---000---