El senador panista Luis Fernando Salazar Fernández presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila presente un informe al Senado de la República, sobre el total de ingresos que percibió Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de la entidad, en el que se incluya toda clase de percepciones extraordinarias tales como bonos, compensaciones, premios, estímulos o comisiones, durante los años que laboró como servidor público para el gobierno estatal.
Asimismo, el legislador por ese estado, pidió al actual secretario de Finanzas de Coahuila, Ingeniero Ismael Ramos Flores, informe a la Cámara Alta sobre su postura ante las imputaciones que le hace Villarreal Hernández en relación al tema de sus declaraciones patrimoniales y las razones por las que, al fungir como secretario de la Función Pública en la anterior administración estatal, no le exigió las mismas o procedió a sancionarlo.
“Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, preso en Estados Unidos, ha rendido sus primeras declaraciones a las autoridades norteamericanas encargadas del caso en relación al origen de su fortuna. En México, especialmente en Coahuila se espera que la justicia se haga efectiva y que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Coahuila hagan lo que no han hecho hasta la fecha: las acciones necesarias para aplicar todo el peso de las leyes mexicanas a los responsables y recuperar todo el dinero sustraído de las arcas del Estado por Villarreal Hernández y sus cómplices”, afirmó el legislador federal.
Sin embargo, agregó Salazar Fernández, “hasta el momento la indiferencia, sobre todo de las autoridades coahuilenses, encabezadas por Rubén Moreira, raya en lo inaudito, al punto que el actual secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, ha dicho que la fortuna de Villarreal es ‘ajena’ al erario del estado, en un afán extremo y vergonzoso por tratar de exculpar a Villarreal de la mega deuda de Coahuila y, con ello, a Humberto Moreira”.
Villarreal Hernández en sus primeras declaraciones ante autoridades estadounidenses, al contestar el motivo de su omisión de presentar declaración patrimonial, dijo que él sí sabía que debía de hacerse, pero fue instruido por el entonces contralor, Ismael Ramos, en el sentido de que la declaración no era necesaria en ese momento y que, en la práctica, nadie es requerido para hacer esas declaraciones, recordó el senador de Acción Nacional.
Además, el ex funcionario hoy preso en Estados Unidos, dijo que su salario sí era de 100 mil pesos por mes, pero que recibía “bonos sustanciales” además de su sueldo, durante su gestión en la administración de Humberto Moreira Valdés.
También, afirmó que los préstamos otorgados al gobierno de Coahuila no fueron fraudulentos, que nunca proporcionó información falsa a los bancos y que el ex funcionario Miguel Rodríguez preparó la documentación para pedir el préstamo a Banco del Bajío, y que el ex funcionario Fausto Destenave preparó la documentación para solicitar el crédito a Banco Santander.
En ex funcionario detenido además negó que haya conspirado para proporcionar información falsa a los bancos y que él haya tenido autoridad total para disponer de los recursos y que las propiedades encontradas en Estados Unidos hayan sido compradas con recursos ilegales.
Por todo lo anterior, el senador Salazar Fernández afirmó que las autoridades de Coahuila tienen mucho que explicar y deberán empezar por informar de manera pública cuáles eran los ingresos reales de Villarreal como servidor público.
En este sentido, el senador panista también solicitó al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, así como a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado “para que en su función persecutora de delitos, se inicie una investigación y se cite a comparecer a los ex funcionarios del extinto Servicio de Administración Tributaria deL Estado de Coahuila (SATEC) para aclarar las acusaciones de Javier Villarreal hechas ante la corte estadounidense”.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.
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