El Grupo Parlamentario del PRD presentó cinco iniciativas con leyes reglamentarias de la reforma político electoral para fortalecer los criterios que garantizan la imparcialidad de los órganos electorales, la equidad en la contienda política y el desarrollo general de la vida institucional de la nación.
Al fundamentar la propuesta, el Senador Alejandro Encinas explicó que el objetivo es lograr un sistema que consiga la realización de elecciones libres y auténticas en el país, para lo cual es necesaria la regulación de la concurrencia de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales.
Recordó que la Reforma Constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero pasado, sienta las bases para el rediseño del sistema electoral; sin embargo, apuntó que su eficacia y debida implementación dependen de la calidad de las leyes secundarias que se desarrollen en dicha reforma.
Alejandro Encinas detalló que las iniciativas del GPPRD son una propuesta integral de legislación reglamentaria para consolidad la reforma constitucional como un instrumento jurídico y político que permita avanzar con pasos más firmes hacia la democratización efectiva de las instituciones del Estado mexicano.
En este sentido, el GPPRD en el Senado propuso expedir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de dotar al Estado de normas que permitan la equidad en la contienda política y la imparcialidad de las autoridades electorales.
En esta ley se propone la creación de un sistema nacional electoral integrado por el Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales Electorales. “Una de las modificaciones centrales en materia constitucional fue el que ahora los órganos electorales de los estados serán nombrados por la autoridad autónoma nacional”, mencionó Encinas Rodríguez.
“Eso va a implicar, respectando las bases fundamentales del federalismo y la autonomía de los estados, establecer sistemas de coordinación plenamente claros e identificables para evitar, pues, no solamente que se invada la competencia de la autoridad y de los gobiernos locales, sino para garantizar plenamente el desarrollo autónomo, libre y transparente de los procesos electorales, tanto el ámbito federal, como en las elecciones locales”, señaló.
También se proponen mecanismos de fiscalización oportuna de los recursos de partidos políticos y candidaturas, mediante un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia.
En el tema de las coaliciones electorales y candidaturas comunes, el legislador por el Estado de México mencionó que se establece la uniformidad de las mismas para evitar la confusión del electorado y cualquier tipo de transferencia de votos o de alteración al principio de representación proporcional.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se pretende regular la duración precampañas y campañas, así como establecer como principal elemento de éstas el debate público, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta y el uso de encuestas como propaganda electoral.
También se establece la definición de candidaturas independientes, y con la nueva atribución del Instituto Nacional Electoral se propone que la distritación de los estados no sea a partir del número de habitantes de la población de cada entidad sino a partir de un principio de igualdad del voto, es decir a partir de la lista nominal de electores.
Además proponen un mecanismo de credencialización permanente en las embajadas y en los consulados, elaborar una lista nominal de electores para que los mexicanos en el exterior puedan votar, tanto por el Presidente de la República, como por los gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal y las elecciones locales en el caso que competan a las entidades de las que son originarios.
Alejandro Encinas informó que se establecen nuevas disposiciones en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para que se respeten los principios constitucionales básicos, de la libertad de asociación política de los mexicanos, la afiliación voluntaria y los principios democráticos que deben regir los derechos de los militantes dentro de los partidos políticos.
“Por supuesto, se incluye la paridad entre los géneros y la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia interna, nuevas normas en materia de transparencia y rendición de cuentas”, resaltó.
El Senador del PRD mencionó que también se contemplan nuevos instrumentos para la impartición y procuración de justicia, con el fin de que ésta sea imparcial y eficiente.
En este sentido se crea la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, en donde se definen los procedimientos sancionadores en un esquema rígido de cumplimento de los plazos de investigación, el dictado de medidas cautelares, la resolución y ejecución de resoluciones.
Se establecen de acuerdo a esta propuesta, detalló Encinas Rodríguez, la carrera judicial electoral y delitos electorales aplicables a las elecciones locales y federales para lo cual se plantea la creación de una Fiscalía especializada en materia electoral, que cuente con autonomía técnica y de gestión dentro de su diseño institucional.
“En estos procedimientos buscamos el acceso efectivo a la justicia imparcial y hacer efectivas las causales de nulidad de una elección para (inaudible) los principios de elecciones auténticas, libres y periódicas” agregó el mexiquense.
El senador Luis Sánchez Jiménez informó que también se propuso la expedición de la Ley General de Propaganda Gubernamental la cual busca plantear condiciones claras de los temas de austeridad y equidad.
Explicó que en ella se establecen como principios de la propaganda gubernamental la garantía de los derechos y las libertades, salvaguardando y fomentando el derecho a la información, así como el ejercicio de las libertades de expresión y opinión bajo criterios de equidad y respeto a la pluralidad que existe en el país.
“Hemos visto en los informes tanto de legisladores, como de gobernadores o de presidentes municipales también esta difusión profusa de su imagen, más allá de su territorio, más allá de lo que compete a sus gobernados conocer”, señaló.
En este sentido, la iniciativa presentada prohíbe que los informes de gobierno, de gestión o legislativos, difundan la imagen de la persona; y prohíbe contratar tiempos o propaganda para difundir la imagen del gobernante o legislador; así como hacerlo sólo en aquellos territorios que competen a su gestión.
“Esto es ningún gobernador podrá promocionarse en el Distrito Federal”, resaltó Luis Sánchez.
También se propone que ningún medio de comunicación sea adjuditario de un porcentaje mayor al 40 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña, con el objetivo de permitir la participación del mayor número de medios de comunicación en la propaganda gubernamental.
Por su parte el Senador Zoé Robledo hizo cuatro puntualizaciones respecto a la Ley de Asociaciones Políticas: Primero, explicó que pretenden establecer la prohibición para que los partidos y a las agrupaciones políticas utilicen los colores de la bandera nacional.
También, en esta iniciativa, hacen responsable al INE de verificar periódicamente que los partidos cumplan con su obligación de mantener el número mínimo de afiliados requeridos para su registro.
“Tercero, que toda persona tiene derecho a establecer a la información de los partidos políticos, como ya lo había mencionado el Senador Encinas en obediencia a su nuevo estatus de sujetos obligados a la transparencia y a las reglas previstas por la Constitución”, informó Zoé Robledo.
Y por último destacó que en la Ley de Asociaciones Políticas se establece la responsabilidad del INE a vigilar el cumplimiento de las normas en materia de origen y destino de los gastos realizados en materia político- electoral con forme al principio de máxima transparencia en el uso de recursos.
Finamente la Senadora Angélica de la Peña presentó la iniciativa para expedir la Ley General de Delitos Electorales, la cual tiene por objeto establecer los ámbitos de competencia y formas de coordinación para la investigación y persecución en materia de delitos electorales.
“Tenemos que mencionar que la norma vigente suma alrededor de veinte años sin ninguna modificación, por lo que en la actualidad varias de las conductas ahí descritas son obsoletas, requieren de actualización y no responden a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones”, aseguró la legisladora.
Por ello, señaló que la Ley General puesta a consideración del Pleno, plantea la incorporación de nuevas figuras y tipo penales y el aumento en las penalidades para castigar a aquel que realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie superiores a los establecidos en la ley para el apoyo de precandidatos, candidatos, candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones.
Se sancionan como delitos de delincuencia organizada a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales, antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas políticas.
De la Peña Gómez hizo énfasis en que los proyectos presentados por el PRD establecen la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito del Federal.
“Es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, por tanto, dan pleno cumplimiento al mandato constitucional de establecer las reglas para la paridad entre mujeres y hombres” concluyó la Senadora.
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