IMPULSA GRACIA GUZMÁN CREACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES
El incremento de la criminalidad y la ola de violencia que se vive actualmente en el país revelan que la política criminal, cuyo eje central es el castigo, no resulta en todos los casos la herramienta más apropiada para la contención de actividades ilícitas, afirmó el senador panista Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
El legislador por Nuevo León propuso la creación de la Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, que tiene como objetivo regular en el ámbito federal las condiciones en que, como alternativa a la persecución penal o a la privación de la libertad, se brinde a infractores del Código Penal Federal y de las Leyes Penales Federales Especiales, dependientes de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
“El Poder Judicial de la Federación determinará el número de Juzgados de Distrito especializados en materia penal o de carácter mixto, según corresponda, que además de sus funciones ordinarias, vigilen que personas imputadas, por primera vez, por la comisión de delitos del orden federal, adictos al consumo de drogas y cuya pena no exceda de ocho años de prisión reciban un tratamiento de rehabilitación adecuado que propicie su reinserción social, como alternativa al enjuiciamiento penal y a la privación de la libertad, sujetándose a las reglas del debido proceso”, refirió.
Comentó que el Programa Federal del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones operará atendiendo, entre otros, a los siguientes principios:
I. Se considerará que las adicciones al consumo de drogas constituyen una enfermedad crónica, progresiva y recurrente.
II. Constituye un derecho humano y es obligación del Estado mexicano ofrecer a imputados los servicios de tratamiento contra las adicciones al consumo de drogas, como alternativa a la persecución penal.
III. El tratamiento de rehabilitación en los casos de infractores a la ley penal federal debe respetar los derechos humanos, entre ellos, el del debido proceso.
IV. Como alternativa al enjuiciamiento penal, la participación de la persona adicta será en todo momento voluntaria, los jueces se aseguran que éstos entienden su derecho a optar por la realización de un juicio público y a ser tratados como inocentes hasta que el Ministerio Público acredite su culpabilidad.
V. El participante podrá abandonar, en cualquier momento, el Programa de Tratamiento de Adicciones y optar por la continuidad del juicio.
VI. Los Jueces supervisores del tratamiento podrán, a petición del Ministerio Público de la Federación, o de los proveedores del Tratamiento, dejar sin efectos la participación del imputado y ordenar la continuidad del procedimiento penal, en los casos en que el comportamiento de éste comprometa gravemente su propia evolución, o la de otros participantes, o cuando, sin concluir su tratamiento, se dicte en su contra auto de procesamiento por la comisión de un nuevo delito.
“La sociedad requiere de explorar nuevas formas de contener la actividad delictiva, entendiendo que ésta tiene su origen en factores multicausales y que, por lógica, el castigo como única respuesta nunca podrá ser la solución de muchas conductas que lastiman a la colectividad y causan deterioro en la calidad de vida de quienes sufren las consecuencias de tales actos”, señaló Gracia Guzmán.
Apuntó que uno de los grandes problemas del sistema de justicia penal consiste en que éste gira en torno a la prisión como cultura de castigo, no obstante las prevenciones constitucionales resultantes de la reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, que priman la reinserción social.
“Este modelo de justicia penal, cuya base fundamental es el castigo, a pesar de su popularidad, ha mostrado a lo largo del tiempo su absoluta ineficacia, al brindar a la sociedad la aparente y falsa idea de que el delincuente se inhibirá de seguir cometiendo actos ilícitos si sabe que la consecuencia, a su comportamiento, será la reducción de su libertad”, expuso.
Detalló que información del Sistema Nacional Seguridad Pública para 2010 y de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del ICESI 2010 revelan que 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de drogas.
“A la par, la sobrepoblación penitenciaria al mes de abril de 2012 ascendía a 48 mil 820 internos; de los cuales el 94.8 por ciento consume drogas. Además de ello, otro dato interesante para los efectos de esta iniciativa, da cuenta de que la población penitenciaria del fuero federal ascendía al mencionado mes de abril a 49 mil 77 personas, de las cuales menos de la mitad ha sido sentenciada”, detalló.
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