Senado de la República

El senador Enrique Burgos García afirmó que el dictamen en materia de anticorrupción es el resultado de un intenso trabajo de diálogo, que impulsa los entendimientos y consolidación de acuerdos, para que el Estado cuente con un espacio institucional, acorde a los tiempos para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
Esta instancia tendrá un titular que será nombrado por el Senado, mediante la votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros presentes, con base en las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, destacó al fundamentar al dictamen en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Puntualizó que el país contará con un órgano responsable con carácter de autónomo en la esfera de los entes públicos federales, que tendrá a su cargo tareas preventivas de investigación y de sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de este tipo de hechos.
Se plantea un mandato a las entidades federativas para homologar el establecimiento de órganos locales de combate a la corrupción, los cuales tendrán plena autonomía, en cuyos casos los titulares serán nombrados por las legislaturas de las entidades, por una mayoría calificada en dos terceras partes de sus integrantes.
Expuso que mediante esta reforma constitucional, se sustenta el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que comprende deberes de colaboración y auxilio con el órgano responsable de combatir la corrupción, en el ámbito federal y en el de las entidades federativas.
También en la coordinación para el cumplimiento de sus funciones por parte de las instituciones de procuración de justicia, los organismos garantes del derecho de acceso a la información, y las entidades de fiscalización superior de la federación y de las entidades federativas.
El legislador por el estado de Querétaro manifestó que los órganos responsables de combatir la corrupción, cuando desde su investigación les advierten la posible comisión de delitos, estarán obligados a presentar las denuncias correspondientes y actuar como coadyuvantes del Ministerio Público.
 
“Ese fenómeno ha merecido y merece nuestro rechazo y nuestra condena unánimes. Nadie debe obtener un beneficio particular de la esfera de atribuciones que la Ley u otros ordenamientos confieren a  los servidores públicos para dar cumplimiento a sus labores”, agregó.
 
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