Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respaldaron, en reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera, diversas modificaciones constitucionales en materia de anticorrupción que le otorgan al Estado mexicano un nuevo marco jurídico e institucional para combatir el fenómeno de la corrupción en el país.
En su intervención, la legisladora panista Laura Rojas Hernández destacó que la reforma aprobada parte del reconocimiento de todos los senadores de que la corrupción es un fenómeno profundamente arraigado en nuestras instituciones, en nuestro país y en nuestra cultura, por lo que resulta de suma importancia contar con un nuevo marco jurídico que combata ese lastre.
La senadora mexiquense subrayó que la modificación constitucional recoge las principales propuestas de las iniciativas presentadas por todas las fuerzas políticas, además de que está a la altura de los retos que se tienen y cumple con las tres convenciones internacionales signadas y ratificadas por México en la materia.
El dictamen, detalló, establece un sistema nacional de combate a la corrupción que es fundamental porque coordinará a todas las instituciones y entidades que trabajan en el tema, como la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el órgano anticorrupción que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción que se creará una vez que entre en vigor la nueva Fiscalía General de la República.
Otro tema, agregó, es la autonomía de los órganos internos de control de las distintas dependencias, ahora auditores preventivos, “un tema que quedó perfectamente resuelto porque se separa las funciones de los auditores preventivos que van a atender el régimen disciplinario de los funcionarios públicos”.
Todo lo que tiene que ver con sanciones de responsabilidades relacionadas con corrupción las atenderá el nuevo órgano de combate a la corrupción, cuyo titular será nombrado y aprobado por las dos terceras parte de los senadores, con lo cual queda zanjado el tema de la autonomía de los auditores, explicó Rojas Hernández.
Además, dijo, se le otorgarán al órgano anticorrupción facultades de coadyuvancia administrativa, de atracción de los asuntos en materia administrativa para requerir informes, y los auditores van a ser certificados y evaluados para poder ser nombrados por el órgano anticorrupción.
Asimismo, también se crea el Registro Nacional de Servidores Públicos y su Patrimonio, que es un gran aporte porque va a permitir seguir la evolución patrimonial de cualquier servidor público y tener una base de datos eficaz para efectos de investigaciones, dijo.
Por su parte, la senadora Marcela Torres Peimbert la legisladora dio lectura a una carta firmada por organizaciones de la sociedad civil, que celebraron el acuerdo para dictaminar la iniciativa. En la misiva se lee lo siguiente:
“Atender la problemática de la corrupción es una cuestión de seguridad nacional en tanto este flagelo afecte el desarrollo económico del país.
“México Evalúa celebra que finalmente, a un año de la reforma que contempla la creación de un órgano anticorrupción que sustituye a la Secretaría de la Función Pública, los legisladores llegaran un acuerdo para legislar en la materia
“Celebramos que dentro de las facultades de dicho órgano está la posibilidad de que su actuación no esté limitada por el derecho fiscal ni bancario, lo que genera mayor capacidad de realizar sus labores de investigación.
“Reconocemos la sensibilidad legislativa para establecer explícitamente la posibilidad de compensar a todo particular que resulte afectado por irregularidades administrativas llevadas a cabo por malos servidores públicos
“Reconocemos el énfasis que el dictamen hace sobre la necesidad de contar con una visión sistémica contra el combate a la corrupción en la que existe una coordinación efectiva entre el nuevo órgano, la Fiscalía Anticorrupción que se contempla, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y otras autoridades que pueden contribuir a los esfuerzos de investigación contra la corrupción”, leyó Torres Peimbert.
En su turno, el senador Javier Corral Jurado dijo que “los hechos nos muestran la simbiosis entre corrupción y debilidad del Estado; el narcotráfico ha crecido porque ha corrompido a las corporaciones policiacas y a partes muy importantes del Poder Judicial; en educación se padece la tragedia de la falta de gobernabilidad y de rectoría del Estado porque se ha tolerado la corrupción sindical”.
“En telecomunicaciones el Estado está tras las cuerdas por el chantaje permanente de las televisoras y a cambio reciben condonaciones fiscales y a cambio reciben modificaciones legales de última hora; las calles públicas también están privatizadas por el comercio ambulante que corrompe a funcionarios; por las aduanas mexicanas pasan las armas de las bandas de narcotraficantes que luego asesinan a policías, a traficantes y a inocentes. Somos un país que vive envuelto en una tragedia de corrupción”, agregó.
Por lo anterior, expuso, el dictamen se constituye en un paso hacia una ruta y dirección correcta en el combate a la corrupción, pues se han incorporado elementos importantes para generar una política nacional a partir de la creación de un sistema que combata la corrupción, pero este es el inicio de una definición de la anticorrupción.
Además, subrayó, el dictamen contiene y recoge valores, ideas y propuestas por las que el PAN ha luchado mucho tiempo.
En la reunión de trabajo también estuvieron presentes los senadores Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Salvador Vega Casillas, Pilar Ortega Martínez y José María Martínez Martínez.
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Avalan senadores del PAN en comisiones reforma constitucional en materia de anticorrupción.
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