Número-485
- Dentro de las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, está el de garantizar las medidas de acceso a las personas con discapacidad para que exista igualdad de condiciones, afirman diputadas del PRI
Las diputadas Laura Barrera Fortoul y Martha Hortencia Garay Cadena, presentaron un punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República a que informe sobre las acciones puestas en marcha para erradicar las pausas y los errores de traducción del lenguaje de señas durante los mensajes emitidos por el Ejecutivo Federal, a fin de dar cumplimento a los derechos contenidos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Además, solicitaron un informe sobre el respaldo profesional con la que cuentan los traductores contratados para que los ciudadanos con discapacidad puedan acceder a la información presentada.
Las legisladoras del PRI expusieron que, en días pasados, uno de los traductores del lenguaje de señas que participa en las conferencias matutinas del Presidente de la República, permaneció en silencio varias veces y por periodos prologados, por lo que el mensaje codificado y transmitido fue erróneo.
Refirieron que, pese a que esta situación ya había sido denunciada aproximadamente un año atrás, no se ha efectuado ninguna modificación para erradicar las anomalías en este proceso comunicativo, lo cual, afirmaron, ponen en estado de exclusión a un sector vulnerable de la población.
Dentro de las responsabilidades de todos los niveles de gobierno, afirmaron, está el de garantizar las medidas de acceso a las personas con discapacidad para que exista igualdad de condiciones, en ellas figuran la información, las comunicaciones y sus sistemas y tecnologías como se describe en la Ley General para la Inclusión, indicaron.
Las diputadas del PRI recordaron que el artículo 20 de la misma Ley, mandata que los medios de comunicación deben implementar el uso de tecnología o intérpretes de la lengua de señas mexicana, a fin de que las y los sordos cuenten con las facilidades de comunicación y acceso al contenido de su programación.
Refirieron que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 1.3 por ciento de la población de tres años en adelante no puede oír; y a nivel nacional existen 20 grupos indígenas donde también hay población con este padecimiento, lo cual se ha convertido en un reto para las personas que se comunican a través dicho lenguaje, concluyeron.
El punto de acuerdo fue turnado para su estudio, a la Primera Comisión de trabajo de la Permanente.