Número-182
- Deben garantizar integridad física y derechos humanos de la activista, señala la diputada de Morena Briceño Zuloaga.
La diputada de Morena, María Wendy Briceño Zuloaga, propuso que la Comisión Permanente exhorte al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que detenga cualquier acto de criminalización de la protesta social desde su gobierno y asegure el pleno respeto de los derechos humanos de activistas y sindicalistas.
Asimismo, pidió que se instruya al Secretario del Trabajo, así como al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ambos de ese estado, a conceder el perdón legal y extinguir la acción penal en contra de la abogada Susana Prieto Terrazas.
De la misma manera, exigió que se garantice la integridad física, vida y derechos humanos de la Prieto Terrazas durante el tiempo que se encuentre privada de su libertad.
La legisladora dijo que hoy la abogada es el ícono de la lucha sindical más importante del siglo XXI en México; sin embargo es procesada por los delitos de amenazas, motín, coacción de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos a partir de la denuncia presentada por las propias autoridades del gobierno de Tamaulipas, a través del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo.
Expuso que quien se ostenta como víctima es una institución del propio gobierno del estado: la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como algunos de sus trabajadores, por lo que, al no existir víctimas físicas de esos supuestos delitos, las acusaciones se traducen en una venganza política por la presión y las denuncias que la propia abogada realizó públicamente contra de esas autoridades.
Frente a la demanda de respeto a sus derechos individuales y colectivos, hoy miles de trabajadores de Tamaulipas son criminalizados, padecen persecución política y penal, son víctimas de despidos masivos sin protección legal, reciben amenazas y actos de intimidación por parte de líderes “charros”, que actúan con total complacencia de las autoridades locales, agregó.
Ante ello, consideró que no se pude permitir ni consentir, que el autoritarismo, la criminalización de la protesta social, la fabricación de delitos, la venganza política, el uso faccioso del derecho y la desviación del poder público sigan siendo una práctica común en el país. No podemos aceptar que se utilicen a las instituciones del estado para “castigar” a quienes disienten, subrayó.
El punto de acuerdo fue enviado a la Primera Comisión de la Permanente.