Número-127
- La Primera Comisión avaló 11 dictámenes, entre los que destaca el combate a venta de drogas por Internet y protección de activistas y líderes sociales.
- Reprueban política migratoria de “tolerancia cero” implementada por EU.
Ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”, la Primera Comisión aprobó un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre las estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando para el combate a la incidencia delictiva en la CDMX.
El dictamen destaca que, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril del 2018, se cometieron un total de 72 mil 217 delitos, cifra que representó un aumento de 24 por ciento respecto a la registrada el mismo periodo del 2016. Tan sólo en el mes de abril, se registraron un total de 174 homicidios, de los cuales 111 fueron dolosos, 63 culposos y 49 accidentes de tránsito.
Asimismo, se señala que para el mes de febrero del presente año, la Ciudad de México ocupó el cuarto lugar en delitos de extorsión a nivel nacional; que se ubica en el segundo lugar del país en cuanto a carpetas de investigación por robo con violencia, con un total de 2 mil 429; representa el quinto lugar en robos de vehículos por entidad federativa; se encuentra en la segunda posición por el número de víctimas de robo a casa habitación, a nivel nacional y ocupa el primer lugar por el número de víctimas de robo a negocio.
Ante esa situación, es fundamental revisar las estrategias que se están implementando, ya que la seguridad pública es un derecho fundamental de las personas, en la medida que permite salvaguardar su integridad, seguridad y patrimonio, a la vez que representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden, la paz y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico y el progreso.
Reprueban política migratoria de “tolerancia cero” implementada por EU
En el apartado de asuntos generales, las y los legisladores reprobaron las acciones implementadas por el Gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al implementar la política migratoria de “tolerancia cero”.
El presidente de la Comisión, José María Tapia Franco, dijo que es el momento de unirse ante las faltas graves que reciben los derechos humanos de los niños y las familias. “Es indignante la postura que está tomando el Presidente de nuestro país vecino, nuestra posición debe ser de tolerancia cero a sus acciones”.
Combate a venta de drogas en redes sociales
Legisladoras y legisladores también avalaron un llamado a la Comisión Nacional de Seguridad para que refuercen sus acciones y estrategias en la detección y combate de venta de drogas realizada a través de Internet y de las redes sociales.
Un informe de la Policía Federal señala que en México se venden 15 tipos de drogas sintéticas por esa vía, entre las que se encuentran el LSD, mescalina y proscalina. Los jóvenes pagan la droga con tarjeta de débito o crédito, transferencia online, transmisores de dinero, criptomonedas y en efectivo y la entrega de la mercancía se realiza a través de empresas de paquetería.
El perfil de los consumidores mexicanos es de personas entre 17 y 32 años de edad, sin antecedentes penales, con nivel socioeconómico medio o alto y con conocimientos de informática.
Los diputados y senadores advierten del incremento en el consumo de drogas en el país, principalmente entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las nuevas modalidades para vender y hacer llegar la droga a sus compradores, por lo que es primordial reforzar las acciones para su combate a través de estos medios.
Promover y proteger derechos humanos de activistas y líderes sociales
Los integrantes de la Comisión aprobaron que se realice un pronunciamiento para que se fortalezcan las instancias federales y locales responsables de desplegar medidas de prevención y protección en favor de activistas y líderes sociales para el pleno ejercicio de sus actividades.