Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado de la República aprobó un dictamen para fortalecer la protección de los bosques y selvas, pues esta labor es fundamental para mitigar las consecuencias del efecto invernadero, el cambio climático y la deforestación.

Con ello se busca reformar el artículo 419 del Código Penal Federal a fin de sancionar a toda aquella persona que, sin intervenir directamente en el proceso de tala, transformación y comercialización de la madera, sí apoye a quienes cometen el delito.

Así, además de incluir a quienes ilícitamente transportan, comercian, acopian, almacenan o transforman madera y cualquier otro recurso forestal maderable, se castiga a quienes adquieran, posean, custodien, reciban por cualquier motivo u oculten dicho recurso.

Igualmente, la propuesta incluye adicionar un artículo 419 Bis para imponer una pena de dos a siete años de prisión y de 400 a dos mil días de multa a quienes simulen la procedencia de madera en rollo, astillas y carbón vegetal obtenidos ilícitamente.

Adicionalmente, se busca reformar el artículo 423 para que las sanciones no apliquen cuando el sujeto sea campesino o indígena y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad. Esto, siempre y cuando no se involucren especies sujetas a protección por las leyes o normas mexicanas.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 68 votos a favor, y devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados.

Al justificar la reforma, el dictamen expresa que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

Asimismo advierte que, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de 155 mil hectáreas de árboles que México pierde al año, 60 mil de ellas tienen su origen en la tala clandestina; más aún, dos terceras partes de la madera que se comercializa provienen también de la tala ilegal.

Por otra parte, existe un fenómeno de “lavado de madera” que surge cuando aserraderos que funcionan con autorización oficial, obtienen madera ilícitamente y simulan su procedencia legal.

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