México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estado superior de la democracia y al mismo tiempo, cerrar el paso a cualquier intento de regresión autoritaria afirmó el senador perredista Raúl Morón Orozco.
Precisó que el único soberano legítimo es el pueblo y sus decisiones son y deben seguir siendo las más importantes tanto en la vida pública como en las decisiones del Estado.
Para ello, el también presidente de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.
Señaló además, que uno de los principios fundamentales de la democracia postmoderna es el respeto a la pluralidad social y política y, por tanto, a la existencia de una sociedad que reclama cada vez mayores espacios de deliberación, discusión y participación sobre los asuntos de la vida pública y los temas de trascendencia nacional de pueblos y naciones.
Manifestó que al respecto, se han implementado instrumentos que buscan ampliar la influencia de los ciudadanos en la toma decisiones públicas, como complementos que fortalecen la democracia en sistemas representativos. Es el caso de los mecanismos de democracia semidirecta, donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político.
En México –agregó- se arraigó por décadas una forma vertical de toma de decisiones. El acceso al gobierno estaba reservado para unos cuantos explicó el legislador por Michoacán.
Indicó que la transición a la democracia, fue resultado entre otros factores, de movimientos históricos, luchas populares y reclamo de organizaciones prodemocráticas que pugnaron por abrir el régimen y porque lo público fuera un espacio fundamentalmente de los ciudadanos y no del Estado.
Reconoció que se fortaleció la división de poderes que, dijo, había existido en la Constitución pero no en la práctica.
Asimismo, destacó la consolidación de la democracia representativa, que adquirió vigor con la llegada de la pluralidad.
Pero la transición –apuntó- debió desembocar en una nueva relación entre Estado y ciudadanos y no sólo en la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público como ocurrió. Esa nueva relación, debe fundarse en el ejercicio pleno de los derechos de todos.
En el contexto actual, esta concepción es insuficiente y limitada. Queda pendiente, como ha señalado el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, dar el salto, de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos.
“A una democracia donde sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones más importantes de la vida pública y de la sociedad en la que viven y eso sólo es posible hacerlo a través de lo que hoy se ha denominado la democracia lateral o participativa.”, estableció.
A pesar de los avances en el marco jurídico en el ámbito estatal y federal, el poder de intervención de los ciudadanos es sumamente restringido, aseveró Morón Orozco.
“Uno de los temas fundamentales del proyecto es el reconocimiento y la regulación del derecho a la discusión sobre la construcción del presupuesto participativo así como del derecho al control y fiscalización social a través de la contraloría social como mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público y máxima eficiencia en el desempeño de la función y el ejercicio de los recursos públicos”
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.
--ooOOoo--
