El Senado solicitó a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las conclusiones de la investigación derivada de la denuncia presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil en contra de Mony de Swaan Addati, por el posible ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
En el dictamen se menciona que quien fue presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) “autorizó o celebró adquisiciones de productos y servicios con los que ya contaba” este organismo.
Se agrega que también “asignó contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, previamente había sido descalificado”.
Se señala que la Cofetel realizó diversas adquisiciones por adjudicación directa con la Universidad Autónoma del Estado de México y del 12 de julio al 31 de diciembre de 2011, “ejerció una cantidad máxima total en contratos con la FONDICT-UAEM por 38 millones 967 mil 406 pesos y en 2012 la cantidad de 23 millones 545 mil 310 pesos.
Dicho organismo, se agrega en el punto de acuerdo aprobado, celebró un contrato plurianual con la empresa ENAPSYS MÉXICO, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto de 52 millones 379 mil 716 pesos, pero “este proyecto tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en los años 2011 y 2012 a la FONDICT-UAEM”.
Además, a esta empresa se le otorgó el contrato aun cuando ya había sido declarada como una propuesta descalificada y desechada en el Acta de Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Coordinación General de Administración de la Cofetel.
En este contexto, el 6 de noviembre de 2012, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del PT, denunció ante la SFP, la ASF y el órgano interno de Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Mony Sacha de Swaan Addati y demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible incumplimiento de sus obligaciones y ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
Al respecto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya expresó que en un régimen que se precie de ser democrático “es inaceptable pasar por alto, omitir e investigar cualquier indicio, por mínimo que sea, de un posible acto de corrupción cometido al amparo de un cargo público”.
Señaló que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones debió desempeñar un papel relevante como órgano rector de un sector estratégico para el desarrollo del país, pero “su actuación estuvo siempre marcada por la polémica y la sospecha”.
Dijo que “muy poco hay que rescatar” de la gestión de Mony de Swaan, en la que han surgido señalamientos relativos a adquisiciones por adjudicación directa de productos y servicios con los que ya contaba la Comisión.
En tanto, su compañera de bancada y presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales Magdaleno, manifestó que a todos conviene la rendición de cuentas, pero también es importante reconocer que ningún legislador o ente que no sea el Poder Judicial, puede “enjuiciar de manera anticipada a ningún funcionario público”.
Señaló que en muchas ocasiones se hace uso de estas peticiones para “enjuiciar a priori y de manera anticipada a un número importante de funcionarios”, por lo que es necesario conocer el informe y “no prestarnos a que este tipo de solicitudes puedan ser, en algunos casos, cobros de facturas personales”.
Por el Partido del Trabajo, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas coincidió en que no se trata de “personalizar los asuntos”; sin embargo, “son insistentes y bien documentados los señalamientos” que se hacen en contra del ex titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Consideró que no se puede “transitar hacia la conformación de un Instituto tan poderoso, con tantas potestades relacionadas con las telecomunicaciones, que pasan por la asignación de concesiones y por la libertad de expresión, sin llegar al fondo de lo que ocurrió en la Cofetel”.
Dijo que es obligado que el Senado conozca la verdad sobre las actuaciones de Mony de Swaan, sobre todo cuando el Congreso está en el proceso para la expedición de leyes secundarias “que van a llevar a buen puerto” al sector.
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