Senado de la República

• Analizan facultades del organismo en materia energética
Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica deben integrar las nuevas facultades que se le otorgaron al órgano regulador para corregir los problemas estructurales que en esta materia existen en el país, así como un procedimiento específico para regular el acceso a insumos esenciales, eliminar barreras a la competencia u ordenar la desincorporación de activos.
Así lo consideró el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) ante integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que preside del senador Héctor Larios Córdova.
Previamente, el legislador panista explicó que el propósito de la reunión de trabajo fue reflexionar con la CFCE respecto a la futura y obligada modificación a la Ley de Competencia Económica derivada de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de este año, cuyo plazo vence el próximo 9 de diciembre.
El senador panista precisó: “Lo que tratamos de hacer es una modificación a la ley para que esta mano visible, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, pueda corregir las distorsiones que no corrige la mano invisible del mercado, en beneficio de la comunidad”.
Aclaró que las nuevas facultades del organismo implican no partir de una denuncia para investigar los mercados que son “imperfectos” y tienen incidencia en el resto de la economía.
En su intervención inicial, Alejandra Palacios Prieto, titular de la CFCE, expresó a los legisladores que en este organismo “estamos confiados de que la Ley que aprobará el Congreso de la Unión reflejará el espíritu de la reforma constitucional”.
Dijo que para mejorar la legislación secundaria en materia de competencia económica se requiere un esquema “no necesariamente ligado a la comprobación de conductas unilaterales o prácticas monopólicas, sino que a través del análisis del mercado se lleve a una investigación con debido proceso”.
En este sentido, propuso que con base a ciertos criterios o a petición de reguladores sectoriales primero se establezca un monitoreo del mercado para poder iniciar una investigación profunda y “un proceso seguido en forma de juicio”, así como para que el Pleno de la CFCE proponga un remedio “que puede llegar a la desincorporación, regulación de insumos o eliminación de barreras”.
Además, hizo un llamado a los legisladores para preservar los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del ordenamiento vigente, pues son “el corazón de la Ley para prevenir pronunciamientos judiciales contradictorios y erráticos”.
Consideró indispensable corregir “algunos errores pequeños” en la legislación actual y eliminar, en el caso de las concentraciones, la figura de la afirmativa ficta, dejar de publicar el inicio de las investigaciones en el Diario Oficial de la Federación y ampliar los plazos previstos “para que podamos realizar mejor nuestro trabajo”.
Asimismo, propuso incluir un artículo transitorio que especifique que la CFCE tendrá un plazo de 20 días para emitir sus disposiciones administrativas reglamentarias y que la facultad de expedirlas quede plasmada en la exposición de motivos de la ley secundaria.
Por su parte, el comisionado Benjamín Contreras Astiazarán afirmó que en el organismo “no creemos que estás facultades se deban ejercer como sanción”, sino como un reconocimiento de que varios sectores del mercado requieren corregirse.
Por ello, agregó, es necesario un procedimiento en el que se haga un estudio del mercado y se determine en base a este análisis si “está enfermo” y si el proceso de competencia requiere “acciones correctivas”, con lo que “se le da a los posibles implicados una instancia para defenderse”.
A solicitud del senador perredista Armando Ríos Piter sobre la agenda programática para llevar a cabo los estudios de mercado, Alejandra Palacios Prieto se comprometió a que en enero se aprobará el plan estratégico de la Comisión Federal de Competencia Económica para los próximos cuatro años y si podemos tener un esquema de este tipo “vamos a ir a sectores específicos que impactan a la economía mexicana”.
Analizan facultades de la CFCE en materia energética
En la reunión de trabajo, el senador Héctor Larios Córdova comentó que existen opiniones que señalan que este organismo “no tiene mucha capacidad de intervenir en monopolios naturales, como el caso del transporte del gas a través de ductos”, en donde no existe competencia real por el tamaño de la inversión, por lo que es más eficaz que sea esto sea regulado por las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) o la Reguladora de Energía (CRE).
En el mismo tema, el senador Armando Ríos Piter manifestó la importancia de concertar una reunión para conocer opiniones del funcionamiento del mercado energético, porque no se tiene un diagnóstico compartido y  “la Comisión podría darnos algunas luces de cómo está funcionando en este momento”.
La presidenta de la CFCE, Alejandra Palacios, expuso que suponiendo que la reforma se lleve a cabo, el papel de la Comisión de Competencia es revisar, a dos o tres años de su aprobación, cómo se implementó, cuáles fueron sus fallas y qué se puede corregir.
En este sentido, dijo, “sería una lástima pensar que en el corto plazo la CRE o la CNH son los responsables de llevar estos temas, con lo que “le ataran las manos” a la Comisión Federal para que pueda revisar reformas fundamentales y su avance.
Al respecto, Benjamín Contreras Astiazarán, precisó que “es peligroso poner excepciones a la normatividad de competencia”, pues el regulador tiene un mandato fijo y específico.
En tanto, el comisionado Alejandro Idelfonso Castañeda Sabido, comentó que la Comisión tiene más capacidad de interpretación que los reguladores sectoriales en materia energética en lo que se refiere a las fallas de mercado y cómo resolverlas.
Javier Núñez Melgoza, por su parte, planteó el ejemplo de los lubricantes, en que la interpretación de la Constitución se dio en sentido donde la empresa del Estado puede determinar que lubricantes se venden en una gasolinera, lo cual provoca dificultades en la delimitación del alcance constitucional “que generan problemas de litigiosidad”.
Adicionalmente, el senador Larios también cuestionó cuánto tiempo se podrá acortar el proceso, derivado de la eliminación de la suspensión en materia de amparo.
Sobre ello, Javier Núñez resaltó que quizá se modifiquen algunos incentivos de las empresas a litigar en exceso los asuntos y alargarlos, mientras que en concentraciones, se elimina el recurso de reconsideración y cambia medios de defensa ante Poder Judicial y distintos medios de defensa.
Preveo, dijo, que ante la posibilidad de que la decisión de la Comisión ya no pueda ser revisada internamente y se vaya directamente al Poder Judicial, probablemente tengan incentivos para acelerar la presentación de propuestas remediales.
Además, la presidenta de la COFECE, Palacios Prieto, indicó que se debe tomar en cuenta en un procedimiento que también interviene el Poder Judicial.
Respecto a esto, añadió, el tiempo  promedio de una investigación, no de concentraciones, es de dos años y medio y puntualizó que el proceso de monitoreo de mercado, iniciación de investigación y solución, ayuda a que las cosas sucedan más rápidamente porque no se tiene que iniciar el proceso por conducta unilateral, se acortan el tiempo de investigación y se llevan a cambios profundos en mercados y en tiempos más cortos.
En el mismo sentido, Martín Moguel Gloria indicó que existe una etapa de investigación que no es propiamente el procedimiento, y otra cuando se encuentran elementos para emplazar a alguien que produzca su defensa y la Comisión emita una resolución.
“No está claro en la reforma y no es claro como lo van a interpretar los jueces, si la investigación forma parte del procedimiento y si no es así, entonces la única oportunidad que alguien -- que es probable responsable -- si podrá ir al amparo. No es claro como lo tratará el Poder Judicial y puede retrasar las investigaciones”, concluyó.
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