La Comisión de la Reforma Agraria aprobó un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que instrumente un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país.
Lo anterior deberá formar parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos originarios.
En el punto de acuerdo se destaca la necesidad de atender la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, concretamente a los derechos de propiedad y posesión que guardan los núcleos.
Se menciona que la mayoría de los ejidatarios y comuneros indígenas carecen de documentación que acredite la propiedad registral de su tierra, “lo que indefectiblemente redunda en su propio detrimento”.
Es por ello que los senadores estimaron necesaria la regularización de la tenencia de la tierra y su consecuente proceso de certificación, bajo la premisa de brindar certeza jurídica a ejidos y comunidades de este sector de la población.
Explicaron que el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas representa una “opción viable para construir de manera participativa la zonificación de uso de suelo y la protección de áreas de interés para la biodiversidad”.
De igual manera, se agrega, permitiría contar con un plan de gestión que posibilite la orientación de inversiones sociales, productivas y ambientales en esos territorios, tanto en el ámbito público como en el privado.
En la misma reunión, la Comisión avaló el proceso para la comparecencia de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para el cargo de magistrado del Tribunal Superior Agrario y para el Tribunal Unitario Agrario.
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