Senadoras y senadores del PRI, PAN y PRD impulsan la expedición de una Ley Nacional de Ejecución Penal donde se establecen los parámetros para la gobernabilidad de los centros de privación de la libertad en un Estado de derecho, y que garanticen que el régimen de internamiento se lleve a cabo con condiciones de vida digna y segura para las personas.
Al presentar la iniciativa, la senadora perredista Angélica de la Peña explicó que la propuesta consensuada por los tres grupos parlamentarios permitirá darle congruencia a la reforma constitucional de 2011 y a la reforma penal de 2008, “que nos mandata una transformación estructural en el país para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio”.
Argumentó que el internamiento actualmente deja en una situación de vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad, frente a abusos de poder.
“Las condiciones de gobernabilidad pueden favorecerse mediante los órganos, procedimientos y contenidos normativos que garanticen que los agentes del Estado acaten la ley cuando la aplican a quienes incurrieron en delito o se les acusa de ello”, se indica en el texto.
Señala que entre los desafíos para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos.
En opinión de las y los senadores la tutela de estos derechos humanos requiere de una ley que integre un verdadero “parámetro de protección”.
Para ello, estiman, es deber del Estado tratar justamente y respetar la dignidad humana, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y en virtud de una sentencia, la propuesta está encaminada a colaborar con su reintegración a la sociedad una vez cumplida ésta.
La iniciativa se funda en la premisa de una necesaria reestructuración al proponer la expedición de una ley que siente las bases para la efectiva aplicación del nuevo paradigma constitucional de protección a los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional y contempla una perspectiva más humanista en la ejecución de resoluciones judiciales privativas de la libertad.
Entre otros aspectos relevantes, las disposiciones que contiene el proyecto se aplicarán a las personas procesadas y sentenciadas por delincuencia organizada, y señala que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a los procedimientos en materia de reparación por violación a los derechos humanos.
Al respecto, la senadora priista Cristina Díaz Salazar explicó que la iniciativa que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte importante para homologar los mecanismos de ejecución de las sanciones penales y que van a permitir en el futuro la gobernabilidad de los centros de privación de la libertad, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas.
“Consideramos --añadió la titular de la Comisión de Gobernación-- que la tutela de los derechos humanos requiere de una ley que integre un verdadero parámetro de protección, para las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión”.
Señaló que esta ley atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se encuentra en el marco de las garantías establecidas en los diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado el Senado de la República.
La iniciativa que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y reforma la fracción II del artículo 5, y adiciona los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos, Derechos Humanos y Gobernación, para su análisis y dictamen.
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