Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Garantizar a pueblos y comunidades indígenas el derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo, propuso el senador priista René Juárez Cisneros mediante un proyecto de decreto por el que se adicionan nuevas fracciones al artículo 2 de  la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El legislador aseguró que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y puntualizó que las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo.

Aseveró que casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir la situación debemos seguir insistiendo en  una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, apuntó.

Juárez Cisneros se pronunció a favor de que esas comunidades gocen del derecho a determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que les sean favorables y, en lo posible, les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que ellos dispongan, en función de sus usos y costumbres, que no vulneren ni contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reconoció que, si bien es cierto que ha habido avances significativos en la normativa referida a los pueblos indígenas, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público.

Lo anterior -enfatizó-, para permitirles el manejo de recursos públicos, así como intervenir para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito productivo, que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde su propia vocación.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, segunda.

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