En la mesa Seguridad humana en la ruta migratoria que se llevó a cabo en Senado de la República en el marco de la Semana del Migrante, se abordaron las consecuencias de la falta de acción gubernamental y de la ausencia de políticas migratorias en las personas que atraviesan nuestro país en busca de mejores oportunidades, al tiempo que se propuso un nuevo paradigma para proteger la integridad de los migrantes en vez de la territorialidad.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza dejó de manifiesto que la dignidad de las personas no tiene precio y destacó el compromiso de los legisladores involucrados en este tema, para que el total de los 128 senadores tengan como prioridad el tema de la migración e involucren en sus estados a los gobiernos y órganos legislativos locales.
En este sentido, señaló el punto de acuerdo suscrito conjuntamente con la senadora Layda Sansores San Román para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales para que activen mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en tránsito por México, especialmente de quienes se encuentran con vida o son víctimas de trata de personas y no únicamente a los que están en fosas clandestinas o comunes.
Asimismo, resaltó la iniciativa presentada por ambas senadoras y firmada por legisladores de todos los partidos para incluir en la Constitución el derecho al migrante y otorgar recursos a las casas y albergues de migrantes para que en un futuro no sólo vivan de “limosnas”. Después de todo, expresó, estos refugios hacen la tarea que el gobierno no hace.
La senadora Sansores San Román coincidió en que los migrantes no pueden continuar siendo una estadística, que además se distorsiona dependiendo del organismo que la emite. “Estamos a tiempo de poner un freno y darle otro reflector, otra visión, a estos seres humanos que dejan sus países en un acto de enorme valentía,” afirmó.
Axela Romero Cárdenas, coordinadora del Centro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, hizo énfasis en la necesidad de que el Programa Especial de Migración, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, sea construido a partir de un proceso participativo y de consulta real a las personas que trabajan día a día en el tema de la migración, ya que son ellas quienes conocen la ruta y han generado modelos y protocolos de atención a los migrantes.
Igualmente, apuntó al problema que representa el no contar con indicadores y metas eficaces para los grandes objetivos planteados en la política pública. “Actualmente, no tenemos cómo reportar si verdaderamente está mejorando la atención, si se han reducido las violaciones o si se ha castigado a las personas que han cometido esas violaciones,” afirmó al referirse a los más de 21 programas destinados a los migrantes.
Por su parte, Ingrid Hernández de la Organización Internacional para las Migraciones se refirió al programa “Migrantes en tránsito” el cual, en conjunto con otras agencias de las Naciones Unidas, busca acompañar a las autoridades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de tránsito, a fin de promover la seguridad humana de los migrantes.
De esta manera, precisó, se han identificado 23 albergues en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con los cuales se está trabajando para dotarlos de infraestructura, reestructurar el tejido social y fortalecer redes entre los propios albergues para combatir el aislamiento geográfico al que se enfrentan. Más aún, dijo, se busca extender el programa de dos años a una segunda fase para abarcar la frontera norte.
Al respecto, Olga Sánchez, encargada del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante en Tapachula, Chiapas y Premio Nacional de Derechos Humanos, 2004, pidió que las autoridades federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad para detener la violencia que se sigue observando en la frontera sur.
Como parte de los testimonios de quienes han decidido emprender caravanas hacia México para buscar a sus familiares, Rosa Nelly Santos del Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras, denunció la política de expulsión que existe en los países centroamericanos, en tanto que los gobiernos se complacen en que la economía sea sostenida por remesas sin importar su procedencia.
Asimismo, aseguró que gran parte de la violencia hacia los migrantes se evitaría si se suprimieran las visas para los pueblos hermanos de Centroamérica y sólo se emitiera un documento para identificar a las personas y registrar sus entradas y salidas.
Por su parte, Ana Gricelides Enamorado del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien lleva más de un año buscando a su hijo, apuntó a las cifras que sitúan al número de migrantes centroamericanos desaparecidos sin rastro en 70 mil personas.
Finalmente, Anita Guadalupe Zelaya Galán, en representación del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, criticó la insensibilidad y violación a los derechos humanos por parte de las propias autoridades, por lo que pidió la pronta acción de los gobiernos.
Durante el evento también se realizó la presentación del proyecto fotográfico “Migrazoom”, el cual retrata a los migrantes centroamericanos en su ruta desde la frontera sur de México hasta Estados Unidos. Su objetivo es abatir los prejuicios que existen alrededor del fenómeno migratorio en las comunidades por las que transitan los migrantes.
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