Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), especialistas y representantes de organizaciones sociales, advirtieron en el Senado que vacíos y deficiencias en las leyes impiden una atención integral a menores migrantes y refugiados, lo que acrecienta los riegos que enfrentan ante las adicciones, trata de personas, pandillas y crimen organizado, entre otras.
En el marco de la Semana del Migrante, José Sieber, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en México (ACNUR), alertó que en este fenómeno se registra un considerable incremento de menores refugiados, es decir niños y adolescentes de Centroamérica que están en México no por voluntad propia ni con la pretensión de reunificación familiar, sino porque huyen de la persecución y de amenazas principalmente por parte de pandillas y del crimen organizado en sus países de origen.
Apuntó que a partir de octubre de 2011, la ACNUR ha registrado un incremento en el número de menores no acompañados, principalmente de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes manifiestan que salen de sus países a fin de evitar ser reclutados de manera forzada por el crimen organizado, pandillas, o bien a causa de la violencia intrafamiliar, así como de la exclusión social y económica.
“Hay muchas niñas y niños que son refugiados, que están saliendo no por una opción, no por una decisión o con el fin de reunificarse con familiares, o buscar mejores condiciones de vida. Han tenido que salir y huir por motivos de violencia, de amenazas, por serias violaciones a sus derechos humanos y por la persecución”, declaró.
Detalló que desde Canadá hasta Argentina hay alrededor de 17 mil refugiados de esos países de Centroamérica, de los cuales 65 por ciento son niñas, niños y adolescentes y el resto adultos.
Precisó que Estados Unidos tiene 65 por ciento de esta población refugiada; Canadá recibe 17 por ciento y México 5 por ciento.
Por su parte, Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), hizo énfasis en el “dramatismo” de las cifras de los niños repatriados, pues el Centro Internacional de Estudios Sobre Migración cita: “En cinco años regresaron a México un millón 289 mil 843 niños”, para el Instituto Nacional de Migración la cifra es de poco menos de 30 mil menores migrantes y se habla de un promedio general de 60 por ciento no acompañados.
A lo anterior se agrega que entre 10 y 15 por ciento de los menores migrantes o refugiados se quedan en Estados Unidos sin sus padres o familiares, por lo que cuestionó: “¿Qué están pasando con ellos que se quedan bajo la tutela del Estado Americano”.
La dimensión es dramática, subrayó el especialista, pues pese a los avances, las leyes fracasan porque hay lagunas que impiden una atención integral a estos menores que enfrentan su tránsito, estancia y expulsión de un país ajeno, “y el trauma de integración y reintegración ni siquiera está contemplado –en las leyes-, es decir se habla del tema de lo urgente, pero no de lo importante y menos de lo estructural”.
Bajo este esquema, consideró que en la legislación faltan dos pasos básicos: establecer mecanismos de integración a aquellos países donde llegan los niños, en especial cuando permanecen en ellos, así como el de la reintegración cuando son devueltos a la nación de donde fueron expulsados, pues en ambos casos sufren de discriminación.
El académico de la Ibero consideró que se ha fracasado en la elaboración de las leyes porque no se aplica en los espacios locales y no tiene efecto social positivo, ante lo cual propuso emprender mecanismos para resolver problemas importantes, como es la atención al rompimiento de la infraestructura familiar cuando el padre o la madre se va de migrante.
Dos, atender a los niños y adolescentes que retornan al país, los cuales muchas veces olvidaron el español, o ni siquiera lo sabían porque al llegar a Estados Unidos transitaron directamente de una lengua indígena al inglés.
Y un aspecto sumamente importante, subrayó, dar una atención especializada e integral a los menores que se quedaron “atorados” en las fronteras norte o sur, al no poder seguir su recurrido, lo que los convierten en presas fáciles del crimen organizado y la drogadicción.
En lo anterior coincidió la directora general de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración (INM), Ana Cecilia Oliva Barcacel, al reconocer, en primera instancia, la insuficiencia de elementos de esta institución, pues apenas cuentan con 6 mil funcionarios, cuando en Estados Unidos suman 250 mil.
“Tenemos retos enormes –destacó- porque la legislación tiene algunos vacíos para la atención primordial de los menores de 12 a 17 años, a los que no podemos canalizarlos al DIF, primero porque la verdad es que no hay la capacidad de funcionarios para atenderlos ni de recursos materiales; estamos conscientes también de la necesidad de fortalecer a los albergues y las casas de organismos no gubernamentales que atienden a estos adolescentes, pues sin estos el reto sería aún mayor para las autoridades”.
En este contexto, Denisse Velázquez, coordinadora de la Unidad de la Trata de Personas, Género y Niñez Migrante de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), hizo énfasis en que entre los retos principales está mejorar los mecanismos legislativos que permitan reforzar mecanismos de coordinación efectivos entre dependencias de gobierno, como el DIF, con organismos de la sociedad civil e internacionales, que permitan una eficaz atención de los menores.
Por su parte, Cintia Pérez Trejo, de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) expuso que de 2005 al 2013 México tiene registrados 56 niñas, niños y adolescentes reconocidos como refugiados y de éstos 70 por ciento son hombres y 30 por ciento niñas, en tanto que la edad promedio es de los 14 a los 17 años.
En tanto que Leonor Cárdenas Miranda, directora General de Protección a Infantes del DIF, refirió que actualmente se trabaja en un sistema de registro de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a fin de tener información de cuántas de estas personas entran y salen del país y para generar políticas públicas en atención de este grupo de población.
Explicó que en lo que va del año, se ha atendido a 15 mil 544 niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados, de los cuales 90 por ciento son de origen mexicano, principalmente de los estados de Sonora, Tamaulipas, Oaxaca y Guanajuato.
En su momento, Gabriela Morales Gracia, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, resaltó la importancia del proceso de migración de este sector de población migrante, el de origen, tránsito y destino, en donde el segundo, el gobierno Federal debe asumir la responsabilidad en la protección de las niñas, niños y adolescentes.
En su turno, Rigoberto López Orellana, vicecónsul de Honduras en México, expuso que el espectro de no visibilización hace necesario reforzar los mecanismos de colaboración para determinar con mayor precisión el número de menores que se encuentran en situación de migración o como refugiados, a fin de darles una eficaz atención con personal especializado que les ayude, en términos reales, a resolver la delicada situación en que viven.
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