Senado de la República

La Cámara de Senadores aprobó en lo general, con 75 votos a favor y 50 en contra, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo objetivo es elevar a política de Estado el manejo de las finanzas públicas, para dar certeza y rumbo al destino del gasto.
Con ello, se permite responder a los retos económicos que enfrenta el país al mismo tiempo que finca las bases para el retorno al equilibrio presupuestal en este sexenio.
A nombre de las comisiones, el senador del Partido Verde Ecologista, Luis Armando Melgar Bravo señaló que el objetivo de la propuesta es fortalecer el marco normativo del manejo y planeación  de la política fiscal de la reforma hacendaria, remitida por el Ejecutivo Federal y que dichas medidas coadyuven a mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Las medidas extraordinarias de estímulo a la economía propuestas por el Ejecutivo, indicó, están acompañadas de un plan de consolidación de la estabilidad económica, reforzado con las propuestas del Legislativo para permitir elevar el potencial de desarrollo de los mexicanos sin dejar de lado el manejo responsable de las finanzas públicas.
“Es un ejercicio de un gasto transparente, rendición de cuentas y combate frontal contra la corrupción”, puntualizó.
La reforma da firmeza a la regla de balance presupuestal actual, pues marcar un tope de crecimiento del gasto corriente y se establece una necesidad de llevar el gasto a mayor inversión en infraestructura y gasto que impulse el crecimiento económico.
Al respecto, incorpora en los Criterios Generales de Política Económica la meta anual de los requerimientos financieros del sector público y el límite máximo del gasto corriente estructural y para el ejercicio fiscal y las proyecciones de ese límite para un periodo de 5 años adicionales.
Además, en el dictamen se especifica que los poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán someterse al límite máximo de gasto corriente estructural, en el entendido que no interferirá con el desarrollo de sus actividades, ya que de requerir recursos adicionales, la Ley contempla una cláusula de excepción que les permite solicitar o ejercer un gasto corriente mayor, siempre y cuando se acompañe de la debida justificación.
Ello, al  existir una regla de excepción para un eventual incremento del gasto, por arriba del límite establecido en la Ley para 2015 y 2016.
En el mismo sentido, se modificó la minuta con el objetivo de abatir el volumen de las estructuras de gobierno y su gasto público, establecerán medidas de austeridad presupuestaria y la obligación de una administración más eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales a cargo del gobierno.
De esta forma, se introdujeron medidas de austeridad y disciplina presupuestal, como la obligación de que haya un programa sexenal para administrar eficientemente los recursos humanos y materiales, evitar duplicidad de funciones, modernizar la prestación  de servicios públicos, entre otros y evaluarlo año con año.
Al respecto, plantea  una meta de ahorro al Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2014, ello porque siguiendo la regla de balance estructural, el gasto corriente estructural tendrá que crecer en 2 por ciento para 2015, por lo que necesariamente la contención del gasto tendrá que empezar desde 2014, bajo el argumento de hacer valer las medidas de austeridad
Establece, además, una meta de disminución del gasto del 5 por ciento en sueldos de mandos medios y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación corriente estructural para 2014, entre otros.
Se propone también un programa de austeridad para los poderes Legislativo y Judicial también del orden del 5 por ciento.
Además, establece que la Secretaría de Hacienda, mediante firma de un convenio con entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, fortalecerá la coordinación para evaluar el correcto uso de recursos públicos.
Esto, a través de tres numerales, los primeros  relativos a la mejora de la evaluación del gasto, promoción de mecanismos de participación ciudadana y publicación de la información correspondiente. El tercero refiere que la Hacienda deberá informar al Congreso de la Unión y congresos estatales sobre el avance de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, se establece que la SHCP deberá presentar informes trimestrales y anteproyectos de presupuesto referidos en el Artículo 25.
Además,  las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño y sus resultados se incorporarán en la cuenta pública, en la que se explicarán las causas de sus variaciones y correspondiente efecto económico.
También se  incluyó un anexo transversal para desglosar dentro del  presupuesto políticas públicas de atención a niños y adolescentes, con énfasis a los programas de salud.
Por otra parte, se simplifica el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización al desaparecer el fondo de estabilización para la inversión de infraestructura de Pemex y dirigiendo los recursos para aumentar los ingresos en el fondo de estabilización de los ingresos petroleros.
De esta misma forma, se simplifica el cálculo para el ahorro y uso de ingresos excedentes con la creación de un fondo soberano de largo plazo sin afectar la actual distribución de excedentes entre el Gobierno Federal y las entidades federativas.
Además, para mejorar la operatividad de las finanzas públicas se propone limitar la exposición a los riesgos en los criterios generales de política económica, a los que resulten más relevantes y de corto plazo, para permitir que durante el ejercicio fiscal los ejecutores del gasto lleven a cabo acciones para cumplir con el paquete económico aprobado y una mayor apertura para determinar el precio de referencia internacional  de la mezcla mexicana de petróleo.
Al presentar su posición sobre el dictamen, el priista Manuel Cavazos Lerma aseguró que éste representa un cambio radical para bien, toda vez que pasa de la responsabilidad hacendaria a medias, a la responsabilidad hacendaria total.
Rechazó que un equilibrio presupuestario, es decir déficit cero, de ingresos igual a gastos, es responsabilidad hacendaria, “lo es si y sólo si estamos en la senda del crecimiento potencial, pero es una gravísima irresponsabilidad  que estando por debajo del PIB potencial sigamos la regla del déficit cero”.
El senador panista Héctor Larios Córdova subrayó que el Artículo 17 de la propuesta es el corazón de la Ley, pues en él se establece que tanto en la formulación del presupuesto de ingresos y egresos en ambas cámaras, como en el ejercicio de los diferentes entes ejecutadores del presupuesto, se debe buscar el equilibrio presupuestal.
Esta definición, advirtió “no ata las manos, no dice que obligue a empatar a ceros ingresos y egresos pero busca que se alcance lo más cercano a un equilibrio presupuestal”; que ahora, dijo, con “medidas cosméticas” se trata de ocultar un cambio radical en la política fiscal del país, pues no se busca un equilibrio sino que se cumpla con la meta de requerimientos financieros del sector público. Esto es, que las finanzas públicas tienen que cumplir con una meta de endeudamiento establecido por el Ejecutivo, también llamada “regla de balance estructural”.
Al fijar la posición del PRD, la senadora Dolores Padierna sostuvo: “Las voces que dicen que esta reforma hacendaria oculta la reforma energética, tiene razón, esconde la privatización de Pemex, sin que se haga de cara al a sociedad, dado el nacionalismo, patriotismo que caracteriza al pueblo de México”.
Dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, explicó,  se incluyen reformas a los artículos 17, 19, 21, 31 y  propone  simplificar el régimen de ingresos excedentes petroleros y  se elimine el Fondo de Estabilización para la Infraestructura de Pemex, a fin de concentrar 75 por ciento de estos recursos en el denominado Fondo de Ahorro Soberano que se establece en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, el cual no se ha aprobado, pues es una discusión dentro de la reforma energética en la que el gobierno sabe que no tendrá mayoría.
En su momento, el petista Manuel Bartlett Díaz se pronunció a favor de un concepto real de austeridad y no sólo demagogia, por lo que planteó una propuesta en la materia, “con una serie de planteamientos, sin tocar ningún renglón que tiene que ver con seguridad, salud pública, simplemente lo que se considera no indispensable, se puede llegar fácilmente a 385 mil millones de pesos”.
Por lo que insistimos, subrayó, que “no es cierto que este dictamen esté aportando un esfuerzo de austeridad, se está manteniendo un aparato de Estado inflado que tiene un enorme costo para los ciudadanos de este país.
En la discusión en lo general, el senador Ernesto Cordero Arroyo, de Acción Nacional afirmó que en las administraciones recientes se transparentaron la deuda de Pemex y de CFE y se eliminó la figura de los Pidiriegas e indicó que se deben imponer nuevas políticas para reestructurar la economía cuando ésta se encuentre en su mejor momento y no en plena recesión.
Además, enfatizó que en términos de conducción económica el déficit del Gobierno Federal en un año creció en 1.6 por ciento del PIB y “nada más entre este y el próximo año nos están recetando el 1.9, de manera que si es un endeudamiento irresponsable el que se tiene”.
En tanto, el senador Carlos Mendoza Davis recordó que el mismo presidente Enrique Peña Nieto afirmó al principio de su mandato que obtendría crecimiento con déficit cero y ahora se pretende “un mundo de miles de millones de pesos, con más impuestos y deuda que impondrán a hijos y nietos, sin que se diga en qué se va a gastar”.
“No se vale que cuando estamos con un problema de desaceleración que casi nos lleva a la recesión, que cuando dos terceras partes del país están devastadas por fenómenos meteorológicos y cuando nuestro principal socio comercial está atravesando verdaderos problemas, que aquí la solución sea endeudarnos y quitarles el dinero a las familias para dárselo al gobierno, pensando que lo puede gastar mejor”, apuntó.
Por el PRD, el senador Armando Ríos Piter se pronunció por abandonar el "dogma" en contra del  déficit y se admita la propuesta del gobierno sobre el particular, a fin de hacer posible que dentro del panorama actual de recesión se abran posibilidades de obtener recursos a favor de la inversión en infraestructura y generación de empleos.
Empero, apuntó, no se trata de un “cheque en blanco”, por lo que su reserva implica un recorte a la propuesta de déficit de 2.5 a 2 por ciento para 2015, con candados que eviten  la “tentación” de que estos recursos se destinen a gasto corriente, al cual propuso, además, un importante recorte.
A su vez, el senador Sofío Ramírez Hernández cuestionó cuándo habrá una verdadera reconversión de la política pública para que los 52 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema puedan vivir mejor, por lo que llamó a clausurar las políticas presupuestales que por años se han convertido en fábrica de nuevos ricos y en extensión de la pobreza.
Sin embargo, dijo tener confianza en que con esta reforma se darán recursos importantes para los estados del sur, que en el presupuesto de egresos 2014 y ejercicios fiscales 2014-16 habrá una verdadera voluntad para que los excedentes presupuestales puedan aportarse a dichas entidades y en que haya voluntad para realizar estudios de pre inversión y en los proyectos ejecutivos que necesita esa región.
En tanto, para el senador Benjamín Robles Montoya lo más importante es que se contemplen recursos para la reconstrucción de la infraestructura pública en las entidades afectadas por los embates de “Ingrid y Manuel” y que, de igual manera, se prevé apoyo y justicia elemental a la región del sur sureste.
Asimismo, consideró relevante que la Secretaría de Educación Pública esté obligada a entregar a la Cámara de Diputados información sobre la metodología y criterios utilizados en la estimación de los ingresos y que se publique en el DOF con la información relativa al calendario mensual de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación, así como el establecer numéricamente el límite máximo al gasto corriente estructural para los años 2015 y 16 y acotar la definición de éste para que en ejercicios posteriores la tasa de crecimiento no sea mayor al crecimiento potencial del PIB.
Adicionalmente Mario Delgado Carrillo del mismo grupo parlamentario, aseveró que el no abandonar el déficit cero es una falacia, ya que en los últimos años se mantuvo desde una perspectiva nada transparente en el ejercicio del gasto público incrementado en 13 puntos de la deuda gubernamental.
Además, sostuvo que el Estado no creció sino que se incrementó en correlación su deuda desproporcionalmente al gasto de inversión pública y el PIB no fue fuente de crecimiento.
Comentó que con el actual dictamen se dotó de herramientas para reestructurar las balanzas entre gasto corriente total frente al PIB potencial, favoreciendo el crecimiento potencial de las finanzas, del gasto público desde la acción de rendición de cuentas ante la sociedad con responsabilidad de los sujetos obligados de transparentar el gasto y la inversión públicas.
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