Senado de la República

La presidenta de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Olga Noriega, hizo un llamado para “no criminalizar la pobreza” en las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que se discuten en el Senado.
Ante legisladoras de la Comisión Contra la Trata de Personas, que preside la senadora Adriana Dávila Fernández, dijo que la iniciativa de este órgano legislativo para modificar la Ley contempla “la explotación por mendicidad”, pero este es un problema de carácter social y “no podemos criminalizar la pobreza”.
Agregó: “No podemos llegar a estados como Oaxaca, Tlaxcala o a poblaciones indígenas, donde hay comportamientos de usos y costumbres” que podrían estar relacionados con esta tipificación.
La nueva Ley, dijo, se tiene que enfocar a la prevención del delito porque no hay políticas públicas claras en este sentido ni una unificación para criminalizar todas estas conductas.
Lo que se tiene que hacer, dijo, “es barrer la casa de arriba para abajo” y acabar con las grandes organizaciones que se dedican a este delito.
Además, reconoció que en la iniciativa “se cierren los tipos penales” y se pronunció por capacitar y sensibilizar a los operadores del sistema de justicia penal que van a aplicar la Ley, así como por la creación de protocolos únicos de asistencia y atención a las víctimas.
En su turno, Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la cátedra extraordinaria sobre trata de personas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en evitar sancionar la pobreza con el tema de la “mendicidad forzada”.
“¿Qué pasa cuando tenemos a familias en extrema pobreza que están en la calle pidiendo limosna? Observo claramente que una familia no puede ir a la cárcel por carecer de sustento, pero ¿cómo se traduce esto legalmente?”, cuestionó.
Aclaró que el delito, sin duda, no es pedir caridad sino que alguien más obtenga un beneficio económico o en especie y hacer que otra persona pida limosna.
Yuriria Álvarez Madrid, investigadora y experta en el tema, señaló que en la Ley vigente hay una confusión enorme entre lo que es la trata de personas y los que son los delitos en materia de explotación.
En tanto, la senadora panista Adriana Dávila Fernández destacó que Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que se aprobó en 2012 tiene que ser corregida.
Hizo notar que “hay un gran consenso de los senadores y senadoras para poder hacer estas modificaciones”, pero es necesario escuchar a los expertos para enriquecer el proyecto.
A su vez, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que “no queremos que pase más tiempo” para que los que operan la ley tengan impedimentos para aplicarla.
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