Con 77 votos a favor y cero en contra, el Senado de la República aprobó adicionar un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, con el cual se prevé la liberación del profesor indígena Alberto Patishtán Gómez y de personas condenadas bajo procesos judiciales irregulares, a través de la introducción de una modalidad específica de indulto por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
En efecto, el dictamen establece que este último podrá, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, conceder un indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
Más aún, mediante una fe de erratas presentada por el senador Roberto Gil Zuarth y aprobada por unanimidad por el Pleno, se eliminó el párrafo que establecía que para otorgar el indulto, el Ejecutivo Federal debía cerciorarse de que la persona sentenciada hubiera agotado previamente todos los recursos legales nacionales, a fin de que no existan condicionamientos en el momento de su resolución.
“El profesor Alberto Patishtán lleva más de 13 años pagando un delito, una culpa que no cometió”, señaló el también presidente de la Comisión de Justicia al tiempo que resaltó que todos los sistemas y mecanismos de atención y de remedio judicial le negaron la razón al profesor rural.
Asimismo, aseguró que como él, muchos mexicanos hoy pagan culpas que no cometieron debido a condiciones de pobreza e ignorancia, de tal forma que, dijo, ”esta figura no solamente es plenamente consistente con la figura del indulto sino también con la evolución de la protección y garantías de los derechos humanos en nuestro país”.
De esta manera, con la presente modificación se prevé coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico mucho más justo que evite que las asimetrías económicas, políticas o sociales sean causa para que las personas sean condenadas por el sistema de justicia federal o local, sin contar con una adecuada defensa o violándose su derecho al debido proceso.
El senador Víctor Manuel Camacho Solís reconoció que la actual reforma es un acto de justicia que sin la lucha por parte de las organizaciones de derechos humanos y de líderes sociales, políticos y de opinión, no habría tenido lugar. Así, pidió que esta experiencia sirva para impulsar con mayor determinación las urgentes reformas a la procuración e impartición de justicia,
Igualmente, abogó por la flexibilización en la división de poderes como parte de un constitucionalismo moderno, tal como en este caso en el que el Ejecutivo y el Legislativo intervinieron para subsanar un asunto para el que ya no existía remedio procesal. Después de todo, aseveró, “la división de poderes no debe ser pretexto para dejar de atender las demandas de los ciudadanos”.
Por su parte, la senadora Arely Gómez González reafirmó el compromiso de la LXII Legislatura de legislar por un Estado democrático, protector de los derechos humanos.
“Un México en paz necesita de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales,” enfatizó.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
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