El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una propuesta cuyo eje central es el respeto de los derechos humanos y busca evitar, a través de un procedimiento rápido, que la persona extranjera se encuentre detenida por un período prolongado, en atención a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales.
En una iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna, el Ejecutivo federal incorpora disposiciones que, de ser avaladas, permitirán garantizar a las personas extranjeras “condiciones mínimas para asegurar la adecuada protección de sus derechos, es decir, el debido proceso”.
Se indica que el procedimiento de expulsión previsto en el texto reviste una naturaleza sui géneris, pues preserva y respeta los derechos humanos de los extranjeros y salvaguarda la seguridad nacional y el orden público.
En la iniciativa se prevé un procedimiento respetuoso de los derechos reconocidos por la Constitución y apegado a los estándares determinados por organismos internacionales.
Es decir, desde el momento de la notificación del inicio del procedimiento, a la persona extranjera se le hará saber de ello, que tiene derecho a solicitar un plazo para preparar su defensa, a ofrecer pruebas, a recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza.
Se hace notar que la facultad de expulsión de persona extranjera a cargo del Ejecutivo requiere de un procedimiento expedito para hacerla efectiva y no obstante, ello no puede significar, bajo ninguna circunstancia, que la resolución recaída a dicho procedimiento sea “irrecurrible”.
En tal virtud, la iniciativa deja en claro que, en contra del acuerdo del Ejecutivo que determine la expulsión de la persona extranjera, “procederá el juicio de amparo”.
La iniciativa en cuestión fue remitida a las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos.
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