La Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana destacó la necesidad de “sostener” el sistema electoral tal y como está planteado hoy en la Federación, por lo que rechazó las propuestas para crear un Instituto Nacional Electoral (INE) y para “centralizar” la justicia en esta materia en un solo órgano.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, indicó a los magistrados que las comisiones de Reforma del Estado, Gobernación, Estudios Legislativos, Segunda, y la que él encabeza, analizan 36 iniciativas de reforma en materia político electoral.
Particularmente, reconoció, se analizan las dos reformas que tienen un enfoque integral, una presentada el 24 de junio por los grupos parlamentarios PAN y PRD y, la segunda, presentada el 24 de septiembre sólo por Acción Nacional que contempla la creación del Instituto Nacional Electoral.
Ante estas comisiones, los magistrados electorales de Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo y Puebla manifestaron que dichas propuestas son contrarias al sistema federal y podrían colapsar y paralizar el sistema con una crisis similar a la que se presentó en las elecciones federales de 2006.
En su intervención inicial, José Miguel Salcido Romero, presidente de la Asociación expresó que como argumento para la reforma se ha hablado del costo económico, pero no se ha presentado un ejercicio de proyección financiera que la justifique y aclaró que la operación de los órganos electorales locales representa la cuarta de los costos de la instancia federal, a pesar de que resuelven 10 veces más elecciones que ésta.
El presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua dijo que el señalamiento de que los gobiernos estatales y algunos poderes fácticos cooptan la voluntad de los integrantes de los órganos electorales locales “se destruye por sí solo”, pues los procesos que se celebraron en 14 estados se resolvieron en sedes locales de acuerdo con el sistema actual y “estamos en paz” y no se cuestionan sus resultados.
Si el nivel de efectividad de los tribunales electorales es de 95 por ciento de las resoluciones firmes y confirmadas , enfatizó, no se puede hablar de cooptación porque tendríamos que hacer un ejercicio “muy peligroso para señalar que ésta tendría que llegar a los órganos terminales y de control constitucional, cosa que nadie en sano juicio podría sostener”.
Destacó que con el otorgamiento de cada vez más atribuciones, el Instituto Federal Electoral (IFE) “funciona con graves tensiones” y advirtió que con la reforma se le añadiría la administración de alrededor 4 mil cartografías electorales, el financiamiento público local en 32 entidades, el manejo de 32 sistemas de candidaturas ciudadanas y la administración de más de 400 elecciones por el sistema de usos y costumbres.
“Si además le sumamos 32 sistemas de representación proporcional para diputados y regidores en los estados y la resolución de procedimientos administrativos sancionadores en 4 mil elecciones locales, habría que preguntarnos si la reforma constitucional está previendo no sólo centralizar la función, sino tener la capacidad para operar este cúmulo de atribuciones que muy probablemente puedan colapsar en un momento determinado al órgano electoral”, alertó.
Además, consideró que si se presenta una crisis electoral como la registrada en 2006, con una institución responsable de organizar todas las elecciones del país “tendremos paralizado el sistema electoral hasta en tanto se resuelva esa crisis”.
Por el Tribunal Electoral de Morelos, el magistrado Hertino Avilés Albavera agregó que la propuesta de establecer un tribunal de justicia electoral, en el fondo resulta contraria a las decisiones políticas fundamentales planteadas en nuestra Constitución y particularmente al tema vinculado a la soberanía del Estado.
Ello, porque el artículo 40 de la Carta Magna dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, integrada por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, que se entiende como el espacio para la elección de ayuntamientos, diputados, gobernadores.
Además, continuó, es contraria al sistema federal porque según el artículo 116 constitucional el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan sus constituciones respectivas.
“Derogar un tribunal cuya decisión política fundamental corresponde a los estados en el fondo es atentar en contra de un decisión política fundamental planteada en el texto constitucional y este es un aspecto, sin lugar a dudas, centralizador”.
Resaltó que en 2009 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió alrededor de dos mil millones de pesos, mientras que la suma de todos los tribunales y salas electorales de los estados ascendió a 750 millones de pesos.
“Si ustedes crearan un tribunal de justicia electoral, sólo con las actividades electorales que se tuvieron el año pasado, tendría que tener un aumento de un 298 por ciento”, mientras que las de las instancias locales representarían un 35 por ciento.
En su turno, Alejandro Delint García, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, señaló que las iniciativas del PAN y del PRD “descansan en un documento” del Pacto por México, que si bien desde el punto político es muy respetable, no necesariamente “tienen una viabilidad técnico-jurídica y ni siquiera política”.
“Es válido --asentó-- introducir ideas y argumentos en documentos políticos, lo que ya no resulta tan válido es traducir esas ideas, que sirven para negociaciones políticas, al campo de las modificaciones legales”.
Dijo que la idea de que los gobernadores intervienen indebidamente ante las instancias electorales “es falsa en la generalidad”, porque la autonomía constitucional de los tribunales e institutos electorales “sí se ejerce”, a costa, incluso, del futuro profesional de las integramos”.
Ante este panorama, se pronunció por tener una visión de Estado y superior a los intereses particulares de cada uno de los partidos políticos, porque la autonomía de los órganos electorales ha costado mucho trabajo y esfuerzo y ha generado equilibrios en el Estado.
El magistrado Alejandro Habib Nicolás, presidente del Tribunal Electoral de Hidalgo, advirtió que la propuesta por centralizar el trabajo electoral no contempla un aspecto trascendental, que los tribunales estatales y salas electorales atienden y protegen directamente los derechos políticos de los ciudadanos y con ello ayudan a despresurizar posibles conflictos políticos.
Estableció que de concederse presupuestos autónomos a los órganos electorales estatales puede evitarse que sean “rehenes” de poderes fácticos y de la posible injerencia de gobernadores.
Adicionalmente, abundó, es necesario homologar los salarios de los magistrados, pues existen diferencias de hasta 300 por ciento en las percepciones que se les concede en una entidad y otra; situación similar es con la permanencia en los cargos, pues esta varía de una entidad a otra de uno y hasta 15 años, pues existen tribunales donde se permite repetir el cargo por un buen desempeño.
Claudia Barbosa Rodríguez, magistrada del Tribunal Electoral de Puebla, hizo énfasis en que los tribunales estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han iniciado ya trabajos para erradicar la injerencia de poderes fácticos, a partir de la creación de un código de ética judicial electoral.
En este código suscrito en mayo pasado, precisó, participaron magistrados federales y estatales quienes elaboraron una estrategia basada en el principio de la neutralidad, con reglas fijas y coercitivas, “son principios que el propio ministro Mariano Azuela ha avalado con sus intervenciones. Este esfuerzo no debe echarse en saco roto, sabemos la trascendencia de nuestra encomienda y nos hemos comprometido a impulsar la vida democrática de nuestro estados, en aras de la impartición de justicia”.
Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, apuntó que la exposición de los magistrados electorales ha puesto en evidencia que los senadores, al llevar a cabo la dictaminación de las iniciativas en cuestión, “debemos tener en cuenta el peso y sobre peso de los tribunales electorales frente a la ciudadanía en búsqueda de la justicia, que es la aspiración o anhelo más importante frente al Estado, el cual nosotros en calidad de legisladores, debemos salvaguardar”.
Lo anterior al reconocer que en la reorganización político electoral no puede eliminar a las autoridades locales electorales, pues “sin duda se quedaría un hueco de la instancia donde pueda acudir el ciudadano porque no existe ese tribunal de alzada, limitándose la participación a la que tienen derecho todos los ciudadanos”.
En la ronda de cuestionamientos, la senadora priista Graciela Ortiz González coincidió en que “tenemos grandes fortalezas en los estados” y a partir del principio federalista “es algo que debemos de preservar y conservar”.
La legisladora se pronunció por “resolver y atender los problemas que van surgiendo en las elecciones sin que esto nos lleve a desmantelar todo un andamiaje que en materia lectoral le ha sido útil al país y ha ido construyendo una evolución democrática en la que México, por fortuna, está inmerso”.
Su compañero de bancada, Miguel Angel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, apuntó que las intervenciones de los presidentes de los tribunales electorales estatales han enriquecido la vida legislativa y asumió el compromiso de que serán contemplados dentro de la reforma a fondo que se pretende de la vida política electoral nacional.
A nombre del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró que de inicio el diagnóstico para las reformas “ha sido equivocado”, porque se ha partido de que los órganos electorales de los estados han perdido autonomía por la injerencia de los gobernadores y en complicidad con los partidos políticos en los estados y porque es muy cara su operación.
Sin embargo, manifestó, “a partir de ello se quiere avanzar a un esquema plenamente centralizado que va a dañar y minar las facultades plenas y soberanas de los estados y del municipio libre”.
En su participación, el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, destacó que el Senado tiene la obligación de defender el federalismo y la propuesta de crear un instituto electoral nacional, “independientemente de las cuestiones prácticas de financiamiento y de capacidad, es contraria al federalismo”.
Al reconocer que existe un serio problema en el sistema electoral en su conjunto, pues ha sufrido una “involución” por el dominio del dinero, control de los medios de comunicación y una “dictadura mediática” impuesta desde la federación, por lo que solicitó a los magistrados electorales su apoyo al Senado para encontrar una solución y retomar el avance democrático del país.
--oo0oo--
