La reforma energética debe establecer mecanismos de flexibilidad que permitan diversificar la participación de empresas privadas en el sector y ello, a su vez, revierta la debacle que enfrenta Petróleos Mexicanos tanto en producción de crudo como de sus derivados, que representa ya un déficit de 420 mil millones de pesos para la paraestatal.
Así lo advirtieron especialistas durante la mesa Energía y Competitividad, realizada en el marco de los Foros de Energía del Senado, convocado por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN.
Fue Francisco Barnés de Castro, integrante de la Comisión de Energía, el primero en advertir sobre los altos costos para el sector energético al mantenerse el paradigma de que el Estado sea el único autorizado en la exploración, producción y explotación del sector, al referir que en los últimos 11 años la suma de utilidades de Pemex antes de impuestos ha sido de 5.3 billones; sin embargo, por el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, la empresa ha aportado al presupuesto federal 5.7 billones de pesos, esto es 420 mil millones más que la suma total de sus utilidades.
Esta falta de inversión en la producción de combustibles ha hecho insuficiente el abasto del mercado nacional, por lo que en los últimos años ha sido necesario importar 16 por ciento de las gasolinas que se consumen y 25 por ciento de diesel, destinándose a estas compras al exterior 62 por ciento de los ingresos derivados de la exportación de crudo.
Tan sólo en 2011, fue necesario importar más del 50 por ciento de la demanda nacional de gasolina y 33 por ciento de diésel; situación similar se presenta en gas natural, indispensable en el desarrollo industrial, al cubrirse únicamente 40 por ciento de la demanda nacional.
En cifras, esto significa que Pemex aumentó sus importaciones de petrolíferos, petroquímicos y gas natural de 16 mil 900 millones a 31 mil millones de dólares, en el periodo comprendido entre 2007 y 2012.
“En los úl¬timos años –precisó- casi 90 por ciento del presupuesto autorizado se ha orientado a exploración y producción y se ha desti¬nado tan sólo 8.5 por ciento a refinación, 25 a gas y petroquímica. A juzgar por los montos de inversión que fueron autorizados por el Congreso, pareciera ser que año con año tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo consideraron que la única actividad estratégica es la producción de crudo y no así el abasto nacional de combustibles, contraviniendo así, por la vía presupuestal, lo que esta¬blece la Constitución”, indicó.
Barnés de Castro sostuvo que es falso el argumento de que permitir la participación de empresas particulares significa la privatización del sector y la pérdida de la renta petrolera, pues de hecho se destinan ya recursos en la contratación de operadores privados que permitan avanzar en la extracción y explotación de los recursos petrolíferos.
Por su parte, Ernesto Marcos Giacoman, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros A.C. (Ampespac), consideró indispensable una reforma constitucional que pase de los escenarios probables a las oportunidades reales, “pues es claro que ni la propiedad nacional de los hidrocarburos ni la de Pemex, como empresa pública, están a discusión”.
Se debe de liberar a Pemex de las “onerosas” obligaciones que le imponen al monopolio estatal, modificar su régimen fiscal y, además, permitirle alianzas con otras empresas petroleras estatales o privadas, enfatizó.
Consideró que el nuevo estatuto legal de Pemex debe permitirle alcanzar su autonomía fiscal y operativa y ser más flexible para que pueda competir internacionalmente.
Empero, advirtió, los efectos de la reforma energética requerirán periodos de gestación y maduración necesariamente largos, por lo que los legisladores deben tener presente el entorno energético internacional que permita a México hacer de ese sector un pilar del crecimiento.
Bajo estos argumentos, se pronunció porque se establezca un régimen de transición de contratos o licencias para desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente de gas y petróleo de lutitas, así como para exploración y desarrollo de yacimientos en aguas profundas en el Golfo de México.
Marcos Giacoman consideró que son tres las prioridades de aplicación a la renta petrolera consistentes a los intereses de largo plazo del país: la inversión pública en infraestructura que promueva el desarrollo nacional; el desarrollo científico y tecnológico y la equidad integeneracional.
Por ello, la reforma constitucional permitir al Estado mexicano decidir con flexibilidad las modalidades contractuales que más convengan a los distintos tipos de yacimientos que se vayan descubriendo a lo largo del tiempo.
Se pronunció de igual forma porque el nuevo estatuto jurídico permita a Petróleos Mexicanos eludir las restricciones que le imponen los tratados de libre comercio a las compras gubernamentales y, además, tiene que darle preferencia a contratistas locales.
En su turno, el especialista David Shields advirtió que la idea de apalancar la competitividad nacional en el sector energético, representa un doble reto para México, pues requiere de diversificar las opciones de producción y abasto de energía, lo cual implica la importación en casos necesarios, promover las lutitas y la transición fuentes alternativas de energía .
Ante ello, propuso que dentro de la reforma se amplíen las oportunidades de inversión privada, a través de contratos y permisos, “para que los inversionistas y las empresas operadoras –no los contribuyentes- asuman los riesgos que pueden ser elevadísimos en los nuevos tipos de explotaciones petroleras.
Esta diversidad, aclaró, habrá de contar con esquemas que se ajusten a los tipos de explotaciones petroleras sea en aguas profundas o lutitas.
“Al final del día, sean contratos o sean concesiones, lo más importante en las licitaciones y contrataciones petroleras es tener modelos de negocios robustos y que haya plena legalidad, máxima transparencia y que se obtengan las mejores condiciones para el Estado mexicano”, concluyó.
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