Senado de la República

Las transnacionales petroleras no vienen a México a bajar el precio del gas, electricidad, gasolina u otros servicios sino a hacer la mayor cantidad de dinero posible y así subir el costo de sus acciones, además de que impedirán a México generar su propia tecnología y conocimiento.
Así lo advirtieron especialistas y ex legisladores durante los foros de debate público de la reforma energética que organiza el grupo parlamentario del PRD.
Para el ex senador Pablo Gómez Álvarez el proyecto del gobierno de Peña Nieto es privatizador, “aunque se niegue”, pues una parte del valor de los hidrocarburos sería apropiado por compañías privadas, principalmente extranjeras.
Aunado a ello, dijo, tanto los permisos como los contratos que se les otorguen a las transnacionales para explotar los hidrocarburos impedirán a México generar tecnología y conocimiento para formar una fuerza de trabajo nacional.
En este sentido, destacó que el daño tecnológico que se le puede hacer al país con la política de contratos es mayor que el detrimento económico directo, porque una nación progresa en la medida en que resuelve problemas, mejora su ciencia y tecnología y, por ende, su productividad.
Pero --advirtió-- un país que renuncia a emprender tareas científicas y técnicas o le encarga el trabajo a las grandes transnacionales, está condenado a ser siempre un proveedor de materias primas y manufacturas y “así observa el gobierno de Peña al país desde su propuesta de reforma de las industrias de energía”.
En este sentido, enfatizó que no se trata sólo del “pésimo esquema de negocios que nos amenaza” sino de algo menos tangible pero mucho más importante y trascendente para la nación: su acceso a la tecnología, su capacidad de concurrencia internacional, su educación técnica y sus capacidades creativas.
Por otro lado, consideró que PRI y PAN tienen la capacidad para modificar la Constitución por sí solos, por lo que las izquierdas “no tienen más camino, por el momento, que ofrecer un plan de desarrollo; es decir de expansión petrolera basado en el dominio efectivo de la nación sobre la totalidad de los yacimientos de hidrocarburos”.
En su turno, Víctor Rodríguez Padilla, del Observatorio Ciudadano de la Energía, explicó que de aprobarse la propuesta del Gobierno Federal, el presupuesto dependerá de lo que decidan las compañías en función de su portafolio mundial de inversiones, de su posición estratégica global y de la competencia de países por atraer inversión.
Aseveró que las concesiones y contratos no garantizan las inversiones per se, pues las transnacionales vendrán a México dependiendo básicamente de la geología que la Secretaría de Energía les ponga a su disposición, de los riesgos que le pida asumir y de la renta petrolera que Hacienda, de manera unilateral, esté dispuesta a cederles.
“Y sabemos --agregó-- que una hacienda pública en manos de neoliberales es una hacienda pública de rodillas”.
Por ello, preguntó por qué vamos a cederles el negocio si los costos van a ser mucho mayores que los beneficios.
Enfatizó que no es un asunto de nacionalismo sino de negocios y, por ello, no se debe volver “a cometer el error de entregar el oro por cuentas de vidrio”.
En su oportunidad, el catedrático de la UNAM, Javier Jiménez Gutiérrez expresó que la única forma que tiene un Estado de salir “bien librado” en sus tratos con a petroleras privadas, es contar con una gran capacidad de autoejecución, “ya que no vienen a bajarnos el precio del gas, electricidad, gasolina u otros servicios, vienen a hacer la mayor cantidad de dinero posible y así subir el precio de sus acciones”.
Subrayó que las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado, ya que tienen recursos económicos ilimitados, influencia política inigualable, acceso a mecanismos eficientes de presión diplomática y fuerza de cabildeo que no tiene par, “lo que hace sumamente difícil la negociación de contratos equilibrados con ellas y la ejecución de los mismos”.
Dijo que con la reforma se les darían las reservas petroleras a las empresas internacionales  para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de 60 dólares el barril, que al final terminaría pagando el país, para que ellas después puedan extraer en otros lados a un costo mucho menor.
“Se trata de la implementación de uno de los aspectos más perversos de la globalización, exigir que los países en desarrollo subsidien el perfeccionamiento tecnológico de las empresas de los países ricos”.
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