Senado de la República

Como parte del análisis del  Primer Informe de Gobierno, senadores de la República cuestionaron a la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sobre los alcances de la política social para abatir y no sólo contener la pobreza y desigualdad en nuestro país.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, el senador Jesús Casillas Romero destacó que la pobreza constituye un desafío a la estabilidad de nuestras instituciones y es un reto para la paz social, pues no puede haber democracia plena en medio de una sociedad despojada de sus derechos.
Señaló que en los últimos 20 años se ha invertido una enorme cantidad de recursos públicos e instrumentado todo tipo de políticas para superar este fenómeno, pero “los resultados no han sido los esperados”.
En este sentido, consideró que es impostergable saldar la deuda social que se tiene con los segmentos más vulnerables de la población si se quiere una economía más dinámica, una democracia sólida y un país con mejores niveles de seguridad.
A su vez, el senador priista Eviel Pérez Magaña consideró pertinente conocer la estrategia que se lleva a cabo para atender a los indígenas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
En tanto, el senador René Juárez Cisneros indicó que se crucificó a la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero, desde su punto de vista, es una política social que pone en el centro de sus afanes a la gente y convoca a la participación social para enriquecerla.
Por el PAN, el senador Fernando Herrera Ávila expresó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto “se basa en una política redistributiva bajo el argumento de quitar recursos a la clase media productiva para darlos a las personas en pobreza extrema”, que lejos de igualar el ingreso de los mexicanos sólo creará una brecha mayor entre los estratos sociales.
Coincidió en que la política social requiere de una revisión profunda que permita abatir y no sólo contener los rezagos de la población, pues de lo contrario “se seguirán distorsionando los propósitos de los programas sociales para convertirse en una vía para comprar voluntades políticas”.
El legislador inquirió a la funcionaria sobre la opacidad que “sigue siendo norma en la Sedesol”, la no publicación de los padrones de beneficiarios y por qué las reglas de operación en la Cruzada Nacional contra el Hambre “son letra muerta”.
La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa coincidió en establecer una política distinta para que los mexicanos sean autosuficientes, pero solicitó a la funcionaria que “no nos diga, por favor, que cargarles más impuestos a quien intenta ser formal, crea y cuida fuentes de trabajo y a quien se arriesga a montar una empresa en la frontera”, “es una estrategia nueva para emparejar las oportunidades”.
En tanto, la senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros coincidió con la secretaria en que “luego de 30 años de políticas contra la pobreza, envueltas en carísimas campañas publicitarias”, “tenemos la misma cantidad de pobres”.
Donde diferimos, agregó, es en el camino para que la justicia social se instale por fin en México, pues se argumenta que se requieren las reformas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el ingreso, “pero esa es una propuesta tan vieja” “como el Pronasol de Carlos Salinas”.
En números redondos, aseguró, “se ha repartido la estratosférica cantidad de casi dos billones de pesos” y un estudio de la UNAM, basado en cifras de la Auditoría Superior de la Federación y del Coneval, nos indica que si ese dinero se hubiera distribuido de manera directa, cada uno de los beneficiarios de la Cruzada “habría recibido 72 mil pesos mensuales, con lo cual estarían hoy disfrutando de una mejor calidad de vida”.
Su compañero de bancada, Isidro Pedraza Chávez, apuntó que si no se logra cumplir con la meta del crecimiento económico no se podrá abatir el desempleo ni los índices de pobreza que se registran en nuestro país.
A su vez, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, reconoció que los programas sociales han incidido en el abatimiento de la desnutrición aguda.
Estimó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no es paternalista, “ha trazado una ruta clara en el sentido de entender que la pobreza tiene varias caras, dimensiones y que la mejor manera de atenderla es visitando cada región para generar trajes a la medida, para darles lo que requieren.
Esta vía, precisó, ha permitido ir entendiendo lo que debe ser una política de mediano y largo alcance. Los retos son muchos, no podemos caer en cifras alegres ni en irresponsabilidades, lo que debemos hacer es conocer los retos a vencer, con una idea moderna de política social de resultados.
Por su parte, el senador Carlos Alberto Puente Salas, también del Partido Verde, resaltó que se requieren medidas “controversiales y duras”, pero necesarias, ya que “llevamos mucho tiempo dando paliativos y mayoralitos y no hemos logrado hacerle frente a esta grave problemática”.
En su turno, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo, reiteró lo dicho por la secretaria Robles al señalar que ésta no sea oportunidad para denostación, calificación, crítica o protagonismo político, porque el país vive momentos críticos y espera de los senadores respuestas.
Aseveró que debido a los fenómenos meteorológicos, el programa de Apoyo Alimentario para mejorar la alimentación y nutrición de las familias en condición de pobreza, ya fue rebasado, por lo que cuestionó cómo se implementará el año próximo si está sujeto a la responsabilidad presupuestal.
En este sentido, también manifestó su preocupación por posibles recortes a programas de apoyo, como el de los jornaleros agrícolas.
Además, consideró, posiblemente es momento de crear conciencia de la productividad con capacitación; se podría volver a lo básico, dijo, como huertos familiares, corrales de traspatio, entre otros y finalmente cuestionó como se hace la medición de los avances de la Cruzada contra el Hambre.
En sus respuestas, Robles Berlanga asentó que “mientras el país no crezca por lo menos en un cinco por ciento no vamos a modificar la gráfica” y dentro de seis años “vamos a seguir hablando de 52 a 53 millones de mexicanos en situación de pobreza”.
Acotó que de haberse aplicado el IVA generalizado, 14 millones de mexicanos se hubieran sumado a las filas de la pobreza alimentaria, por lo que no aplicar este gravamen a alimentos y medicinas protege también a quienes hubieran caído en la pobreza.
Reconoció que no existe un padrón único de beneficiarios y que ésta es una de las grandes tareas que se plantearon desde el inicio de la administración y forma parte de los acuerdos que se han firmado con los gobernadores, incluidos los de Acción Nacional.
Además, dijo que con esta medida se podrán blindar los programas sociales para evitar su uso electoral y darles continuidad a su operación.
Aclaró que no se pueden publicar reglas de operación de la Cruzada porque ésta integra 70 programas que cuentan con su propia regulación.
También aseguró que la Secretaría de Desarrollo Social tiene un ejercicio del 96 por ciento de su presupuesto, superior al 94 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado, lo que significa que de un ejercicio programado de 43 mil 171 millones de pesos, se han ejercido  41 mil 535 millones.
La Secretaria de Desarrollo Social apuntó que es necesario rediseñar la política social para que el subsidio no sea lo más importante porque no resuelve el problema de fondo.
Por otra parte, Robles Berlanga aseguró que el primer gran cambio que establecería es que la política social no es exclusiva de la dependencia sino que entiende la coordinación de todas las áreas del Gobierno vinculadas a derechos sociales y a la economía como aspecto central.
“Nosotros dijimos, no queremos entregar despensas, queremos garantizar el acceso a la alimentación”, por lo que los comedores comunitarios, ahora en la montaña de Guerrero, por ejemplo, permitieron mitigar la contingencia porque se instalaron en comunidades de difícil acceso.
En ese sentido, también dijo estar convencida que lo que se necesita es tener una infraestructura institucional en las comunidades pobres para que todos coman y también en las situaciones de emergencia haya una base sólida para sortear los problemas.
Además, señaló que se está armando el programa de contingencia, porque fueron muchos los estados afectados y, por otra parte, comentó que se trabaja para eliminar el mito de que las comunidades pobres sólo pueden vivir de subsidios, por lo que se trabaja en un fondo de 228 millones de pesos para proyectos productivos preferentemente para la Montaña de Guerrero.
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