La ausencia del Estado en el fortalecimiento y protección de las familias ha derivado en la descomposición del tejido social y en el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado, manifestó Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el Foro: Las familias: un derecho de las niñas y los niños, Sánchez Cordero recalcó que México tiene un problema de disfuncionalidad y desorganización familiar que ha derivado en la descomposición social.
Además, manifestó que “no podemos quedarnos con un estereotipo de familia tradicional porque esto ya no es la realidad social que existe en México; la realidad es muy distinta y si no la reconocemos será peor para nosotros”.
Acusó que el Estado está ausente en este tema, pues no ha implementado políticas públicas que propicien el desarrollo de la familia, la protección de los menores y que la mujer pueda abandonar el rol tradicional de cuidadora de sus hijos para incorporarse a la fuerza laboral.
Un ejemplo de ello --expuso-- es el caso de Ciudad Juárez, donde la ausencia del Estado ocasionó que el tipo de reclutamiento de las mujeres en las maquiladoras se tradujera en muchas horas de trabajo y que en muchos hogares los hijos no tuvieran la presencia de sus progenitores.
Los niños eran arrojados a las calles y el Estado estaba ausente para tener estancias infantiles o hacerse cargo de este sector de la población.
Ello, precisó, ha tenido repercusiones sumamente complicadas para la estructura familiar y social, pues se incrementó el reclutamiento de niños y adolescentes por parte en la delincuencia organizada, quienes son prácticamente “desechables” porque al final del día son sustituidos por muchos otros menores que son arrojados a la calle.
Por otro lado, destacó que la Corte ha establecido que no solamente existe la familia tradicional compuesta por el padre, la madre y los hijos sino que también hay otras como la extendida, la que reconoce la jefatura de la familia por parte de la mujer y las que son compuestas por personas del mismo sexo, entre muchas otras.
Dijo que esa es una realidad mexicana y ha sido el resultado de diversos factores que han impactado a la propia estructura familiar.
Por último, demandó la creación de políticas pública por parte del Estado, a fin de impulsar las estancias infantiles, apoyos para las madres trabajadoras, a fin de evitar tener una juventud sin alternativas ni perspectivas que sea reclutada por el crimen organizado.
Al inaugurar el foro, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que se tiene que hacer un trabajo “muy importante” desde el Senado y las instituciones para que el Estado atienda esta problemática.
Hace falta --agregó-- que explique a la familia cómo debe funcionar, qué cosas hacer y qué no hacer.
En tanto, la senadora panista, Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que las familias mexicanas presentan una compleja heterogeneidad, por lo que es fundamental fortalecerlas con medidas legislativas y políticas públicas.
Por ello, anunció que ya se trabaja en la creación de una legislación integral que permitirá la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la luz de los diversos tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado mexicano.
A su vez, la senadora priista Hilda Esthela Flores Escalera, titular de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró necesario que el Senado coadyuve en propiciar un entorno adecuado para el desarrollo de estas instituciones, pues ello se traducirá en un fortalecimiento social a favor de México.
Refirió que según la Conapo en el país existen 30.2 millones de hogares familiares, de los cuales 22 por ciento han vivido una separación o divorcio, lo que puede influir en el origen de las causas que afectan seriamente al tejido social.
La senadora priista Lucero Saldaña Pérez indicó que en México existen 1.6 millones de niños en orfandad, por lo que se debe analizar en dónde han estado las políticas públicas para evitar este tipo de situaciones.
También del PRI, Lisbeth Hernández Lecona mencionó que hay una sociedad en decadencia por falta de atención a las familias y, por ello, se les deben garantizar las oportunidades necesarias, a fin de transformarla en una población de paz.
En su oportunidad, Adriana Dávila Fernández estimó conveniente que se reconozcan todos los tipos de familia que existen en el país e impulsar desde los estados una política que fortalezca la integración de esta institución, que ha sido la más descuidada.
Por el grupo parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez destacó que en México hay una gran diversidad de familias, por lo que el concepto de “familia nuclear” ya no corresponde a la realidad.
En su turno, la activista Rosi Orozco hizo notar que en México el 46 por ciento de las mujeres sufre de violencia, ello significa que es “peligrosísimo ser mujer en este país” y por eso se deben fortalecer los valores en la familia.
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