En la sesión de este martes, el Senado de la República designó, por el voto de las dos terceras partes del Pleno, a los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se trata de Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros, que se desempeñarán como comisionados por un periodo de cinco años, así como Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinoza, que ocuparán el cargo durante 36 meses.
Además, María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata integrarán a este organismo por un lapso de un año.
De los 93 votos que se emitieron por cédula, Rochín del Rincón, Ríos Espinoza y Torres Mata recibieron 90; Hernández Barros, 89 y Franco Zevada, Pedroza de la Llave y Noriega Sáenz, 83, por lo que reunieron el voto de las dos terceras partes del Pleno que se requieren para ser integrante de la CEAV, conforme lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de Víctimas.
Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, informó que se convocará a los nuevos comisionados para que rindan la protesta de ley la próxima sesión.
A nombre de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth refirió que la Ley General establece que para la integración de la Comisión Ejecutiva es necesario cuidar cuatro criterios: el perfil académico y profesional de las propuestas, la equidad de género, la representatividad de las víctimas directas y el equilibrio geográfico en la representación.
Resaltó que de las 21 propuestas recibidas, los siete planteados cuentan con perfiles de alta calidad y profunda trayectoria en el ejercicio profesional y en la defensa de los derechos de las víctimas, “ninguna de ellas ameritaba ser desacreditada ni deslegitimada, por el contrario, todas tenía credenciales suficientes para acceder a esta alta función colegiada”.
Por la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar destacó que todos los aspirantes reúnen los requisitos legales para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Muchos de ellos, dijo la legisladora priista, iniciaron su actividad en la materia después de haber perdido a sus seres queridos y “cambiaron su dolor por el apoyo a otras familias que han padecido” lo mismo.
En tanto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que “estamos frente a la concreción de uno de los mecanismos” para que la Ley se pueda aplicar.
Dijo que con la integración de la Comisión Ejecutiva “hacemos lo correcto para buscar la paz en el país, para cerrar las heridas abiertas y empezar a coadyuvar en la tranquilidad que no encontramos en muchos lugares”.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Arely Gómez González resaltó que por medio de un ejercicio transparente, democrático y plural, el Senado de la República eligió los “mejores perfiles” para la conformación de un nuevo órgano.
Recordó que la Comisión Ejecutiva será el “brazo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas” creado por la Ley General respectiva, que fue publicada el 9 de enero de este año y que nació como un reclamo de la sociedad.
En tanto, el senador Javier Corral Jurado, de Acción Nacional, expresó que “nunca se le podrá devolver el estado que tenía antes de la comisión de un delito a una persona, pero sí se puede y debe evitar la revictimización o la estigmatización” y este es el objeto de la Ley.
Manifestó que el nuevo organismo será encargado de darle vida y concretar los principios de este ordenamiento jurídico, “lo que aparece como una tarea monumental frente a la arraigada cultura de la impunidad”.
Por su parte, el senador perredista Benjamín Robles Montoya presentó un voto particular porque no se cumplió con el mandato legal para garantizar la “representación geográfica en la integración” de la Comisión, pues no se consideró a la región sur-sureste del país.
En este sentido, su compañero de bancada, Fidel Demédicis Hidalgo, precisó la necesidad de que estén representadas todas las áreas geográficas de México, ya que “es un desatino que haya cinco representantes del Distrito Federal, uno de San Luis Potosí y uno de Morelos”.
Señaló que “lo que pasa en el país en el tema de la victimización es verdaderamente dramático, por lo que es necesario que estas personas lleven absolutamente el respaldo del 100 por ciento de los senadores, pero una decisión como ésta sin duda que puede generar una polarización por la exclusión”, desde su punto de vista, innecesaria.
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