Especialistas de diversas instituciones y miembros del sector de la banca de desarrollo se reunieron hoy con las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con fin de discutir la propuesta de reforma financiera presentada por el Ejecutivo Federal.
El titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, Luis Madrazo Lajous puntualizó que la reforma en materia de banca de desarrollo contiene tres elementos transversales a la banca que no siempre quedaron bien incorporados en el mandato legal, ni en las actividades propias de la Banca, el primero es un mandato para apoyar la innovación, el segundo para la inclusión y el tercero es una política transversal que se refiere a la equidad de género; elementos que perfeccionarán la actividad de la banca de desarrollo.
Por lo que se refiere a la primera, dijo, la banca de desarrollo busca proveer de crédito, en el sentido de acceso al financiamiento y a la asesoría técnica, a quienes están excluidos de éste y destacó que especificar el mandato de la banca es fundamental porque dará claridad sobre algunas restricciones como la preservación del capital.
Se busca también acompañar la clarificación con un deslinde claro de responsabilidades, “que las operaciones bancarias sean reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, que los asuntos de función pública, recursos públicos, buena operación de la misma se controlen por la SFP”, dijo.
Para cumplir con este mandato, esencia de la reforma, se sientan las bases, se dota de un mandato, elementos y marco regulatorio adecuado a la banca de desarrollo para que se vaya elaborando un mandato que va cambiando en el tiempo “si lo que queremos es subsanar el acceso al crédito en un contexto donde hay otros jugadores sociales y privados se tiene que dar un diagnóstico muy fino para dar ese acceso”, agregó.
También, se fortalecieron algunas restricciones, explicó, se dio mayor transparencia y se endurecieron los controles del Congreso para reinsertar el refinanciamiento neto como restricción adicional para garantizar que la nueva flexibilidad esté enmarcada en la solidez financiera, se fortaleció la sustentabilidad ambiental y la flexibilidad en materia laboral para normar la relación entres sindicatos y bancos de desarrollo.
En su turno, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), al precisar que su organización tiene 20 años trabajando en el sector del financiamiento rural, señaló que la reforma financiera no está considerando al campo, por lo que tiene un impacto muy superficial y “de ninguna manera va a cambiar las condiciones de acceso masivo a crédito productivo de los pequeños agricultores“.
Propuso añadir al dictamen de la Cámara de Diputados un mandato final transitorio que establezca como prioridad la generación de un plan de fortalecimiento de intermediarios financieros rurales, de negocios rurales y de prioridad en el acceso a internet para llevar a cabo su función.
Por su parte, César Cepeda Prado, primer vicepresidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), manifestó la necesidad de profundizar más en el estudio concreto de las cooperativas de ahorro y préstamo, ya que sus nueve propuestas no fueron tomadas en cuenta en el proyecto de reforma financiera.
Dichos planteamientos, dijo, tienen como propósito optimizar el funcionamiento de las cooperativas, ejemplo de ello es el hecho de que actualmente se les aplica la ley en forma homologada como si fueran bancos y mencionó el tema de las multas, las cuales son iguales para cooperativas y bancos.
Aclaró que mientras en la banca comercial los clientes son considerados como usuarios, en las cooperativas son socios y dueños de las mismas, por lo que insistió en que se tomen en cuenta sus ideas.
En tanto Armando Sánchez Porras, presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), aclaró que la figura financiera de los Sofipos es prácticamente nueva en el sistema financiero mexicano.
Subrayó que el objetivo de la Amsofipo es ser un interlocutor del sector con las autoridades y comunidad en general para difundir, promover y fortalecer su operación como una figura confiable del sistema financiero de México.
Asimismo, reconoció el avance del sistema financiero mexicano en los últimos años, en el cual las Sofipos han contribuido a su crecimiento y fortalecimiento, mediante la atención a un sector popular.
Por su parte, Mario Rechy Montiel, ex analista de la Financiera Rural, celebró que uno de los propósitos de la reforma sea hacer llegar los recursos a quienes más los necesitan “es un comienzo saludable y son cambios positivos los que se contienen en la orientación general de la reforma”.
Sin embargo, puntualizó que el crédito puede ser un instrumento de desarrollo si se acompaña de inversión pública, fomento, capacitación y servicios que debe prestar el Estado a través de sus instituciones.
Detalló que la Ley orgánica de la financiera señala en sus manuales que el crédito está orientado a quienes pueden pagarlo “los mismos de siempre, los que ya tienen dinero, los que pueden otorgar garantías para ser sujetos de crédito. Eso no es desarrollo”.
Por lo tanto, dijo, se debe modificar el papel general de la banca de desarrollo, dotarla de instrumentos jurídicos para combinar recursos de inversión, asesoría, capacitación y fomento con el crédito. “No podemos convertir a sujetos de crédito a quienes no pueden pagarlo, necesitamos generar las capacidades productivas y de pago”.
En este sentido –indicó- es necesario entender que los intermediarios naturales que pueden operar el financiamiento al desarrollo rural son las cooperativas de ahorro y préstamo.
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