En el segundo Foro sobre la Reforma Energética Mario Alberto Becerra Pocoroba, Fauzi Hamdan Amad y Dante Sanpedro Jacobo coincidieron en la necesidad de reformar la Constitución para otorgar certeza jurídica a los inversionistas en la exploración y explotación de petróleo.
Mario Alberto Becerra Pocoroba ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disminuido de manera importante su capacidad para convertir la riqueza petrolera “en mayores beneficios para el pueblo de México”, debido al actual régimen constitucional y legal que rige la actividad.
Aseguró que con la propuesta del Ejecutivo quedaría a discreción del Estado contratar o no a terceros para la exploración y extracción de petróleo, por lo que los legisladores federales deben determinar clara y puntualmente, a través de una ley reglamentaria, la forma en que el Estado deberá de llevar a cabo estas contrataciones y los diversos mecanismos de contraprestación.
Asentó que en esta iniciativa el Estado mexicano “contará con el dominio directo sobre los hidrocarburos”, así como la rectoría en el diseño, creación e implementación de la política en materia petrolera, por lo que, de aprobarse, “bajo ninguna circunstancia implicaría llevar a cabo su privatización”.
Resaltó que entre los pilares de la reforma se encuentra: la eliminación como áreas estratégicas de los hidrocarburos y petroquímica básica, para que los terceros participen directamente; así como dotar a Pemex de un régimen de autonomía presupuestaria, para que no dependa de controles burocráticos.
“La propuesta del Ejecutivo fortalece la soberanía nacional y se traducirá en la obtención de mayor provecho y eficiente utilización de los recursos en el ámbito energético, situación que redundará en el impulso y desarrollo económico que México requiere”, finalizó.
Por su parte, Fauzi Hamdan Amad, rector de la Escuela Libere de Derecho, afirmó que “en el fondo nadie puede estar en desacuerdo con una propuesta de reforma constitucional”.
Dijo que la figura de las concesiones les daría mayor certeza y seguridad jurídica a los potenciales licitantes, que estarían en igualdad de condiciones y de competitividad con Petróleos Mexicanos, “siendo, desde luego, éste último la estrella mayor”.
Mencionó que las iniciativas del Ejecutivo y del PAN tienen que ver “con la explotación del gas shale” y en la Cuenca de Burgos se calcula que “tiene una reserva prospectiva de más de 60 mil millones de metros cúbicos”, pero del lado mexicano no se ha explotado ni un solo pozo y Estados Unidos ya está produciendo un millón de metros cúbicos diarios.
Advirtió que “mientras las instituciones económicas continúen siendo extractivas, monopólicas y restrictivas en la participación privada, el crecimiento y desarrollo irán progresivamente menguando y extinguiéndose”.
Al citar a los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, dijo que transitar a instituciones económicas transitivas e inclusivas automáticamente detona el desarrollo y crecimiento “en proporciones nunca vistas”.
A su vez, Dante Sanpedro Jacobo, quien formó parte del grupo que elaboró la propuesta de reforma energética presentada por Felipe Calderón en 2008, aseguró que el objetivo es generar condiciones de certeza jurídica y transparencia en el marco legal y regulatorio, a fin de atraer inversiones y nueva capacidad de ejecución con empresas propietarias de tecnología y capacidad financiera.
Para ello, dijo, son necesarios cambios constitucionales que den certeza jurídica a los inversionistas en los otorgamientos de concesiones y contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas.
En su opinión, el sector energético en nuestro país pasa por una situación que “hoy es insostenible”, por lo que México requiere una reforma de “gran calado” que permita el desarrollo de esta industria, que al final del día es la que mueve al mundo.
Hizo notar que la época del petróleo fácil y barato ha terminado para nuestro país, por lo que una enmienda constitucional generaría las condiciones económicas para atraer operadoras con capacidad financiera, tecnológica y de ejecución en la exploración y explotación de crudo en aguas profundas.
Consideró que la figura de la concesión otorgada para la explotación de yacimientos daría mayor transparencia y rendición de cuentas, además de mayor sencillez en la administración para desarrollar este sector.
Sobre el tema, la diputada priista Blanca Villaseñor Gudiño preguntó si con los recursos adicionales que percibiría el Estado con la reforma constitucional en materia energética se reducirán las presiones presupuestales y recaudatorias en beneficio de todos los mexicanos.
Afirmó que diversos juristas han planteado que una reforma a la Carta Magna aportaría certidumbre al sector energético, pues se reafirmaría la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y otorgaría certidumbre jurídica a los potenciales inversionistas.
En tanto, el senador del PAN, Salvador Vega Casillas, manifestó que la propuesta del Ejecutivo es una de las reformas más trascendentes para el país, ya que impulsaría el empleo y la competitividad, “porque una reforma que no sea constitucional es perder el tiempo”.
Aseguró que ante la apertura del tema energético, es necesario fortalecer a la Secretaría de Energía, de tal manera que pueda tener las facultades de un regulador fuerte en la materia y no dejarle este asunto sólo a Pemex y a la CFE.
El senador del PVEM, Pablo Escudero Morales expresó que es necesario llevar a cabo una reforma Constitucional en la materia, ya que “sería un sin sentido hacer sólo modificaciones a leyes secundarias sin modificar la Constitución”.
Manifestó que la normatividad actual es incompatible con la del resto del mundo, con la demanda, la eficacia y la competencia, “porque mientras muchos países están por ser superavitarios, México importa 33 por ciento del gas natural, 50 de las gasolinas y 66 de las petroquímicas”.
En sus respuestas, Becerra Pocoroba enfatizó que sin una reforma constitucional “sería imposible jurídicamente” que el sector privado “pueda intervenir en la extracción y explotación del petróleo”.
Señaló que la propuesta del Ejecutivo “parte de una falacia” porque sólo habla de contratos de “utilidad compartida” y no de “participación compartida”, que ya reconocen países como Brasil, Noruega o Cuba y que dará “certeza jurídica absoluta”, para que los inversionistas le apuesten a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales como los de lutitas.
Consideró que los recursos adicionales que se obtengan por una mayor renta petrolera en Pemex “no deberían destinarse para satisfacer el gasto público”, porque en caso de que se apruebe la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos ya se obliga a la paraestatal a pagar “un dividendo al Estado”.
De lo que se trata, agregó, es que la empresa sea rentable y no del “fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado”, de lo contrario, “volveríamos a incurrir en un gravísimo error”.
Al responder, Hamdan Amad calificó como una “falacia” que no se quiera cambiar la Constitución, pues de nada sirve “la enclenque, débil propuesta de reforma energética si no pasa y transita en primer lugar por una reforma constitucional”.
De no realizarse cambios a la Carta Magna --advirtió-- será una enmienda innocua y no tendrá ningún efecto positivo.
En el mismo sentido, Sanpedro Jacobo aseguró que el no tener una reforma a la Carta Magna no se brindará certeza jurídica ni garantías a los inversionistas, por lo que no “tienen sentido” llevar a cabo una enmienda si no es constitucional.
Indicó que se trata de “liberar” a Pemex y si no se deja de “ver” como estratégicas a las actividades que desempeña en términos del artículo 28, tendrá que seguir llevándolas a cabo y no habría manera de otorgarle libertad presupuestal ni de administración.
--ooOOoo--
