Senadores de todas las fuerzas políticas avalaron la iniciativa de reformas que propone el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores a decidir si quieren ser internados o no, en una institución pública o privada, así como el tratamiento médico para su atención.
La propuesta también plantea que sea condenado a prisión aquel familiar que abandone a una persona de la tercera edad.
La iniciativa presentada por la senadora panista Marcela Torres Peimbert propone reformas y adiciones a disposiciones de las leyes de Derechos de las Personas Adultas Mayores, General de Educación; Federal de Radio y Televisión y al Código Penal Federal.
Ante el Pleno, la política queretana expuso que en México, todos los días 800 personas cumplen 60 años de edad, sin que existan las condiciones necesarias para que tengan una vejez digna.
“Un dato alarmante es que 10 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años y sólo dos de cada 10 (sólo 20 por ciento), pueden sostenerse económicamente por sí solos, viviendo la mayoría en situación de dependencia o de carencia”, subrayó.
Acorde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), abundó, más de 10 millones de mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales 21.4 por ciento tienen problemas de acceso a la alimentación y 26 no cuentan con servicios de salud.
Además, 28 por ciento carece de seguridad social y 16 por ciento no cuenta con servicios en su vivienda; esto a 11 años de publicarse la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Bajo estos argumentos, en la iniciativa propuesta por Torres Peimbert destaca la inclusión en el tipo penal de abandono el elemento: adulto mayor.
Actualmente comete delito el que abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma; ahora, dijo, incurrirá en este ilícito quien abandone a una persona de la tercera edad y será sujeta de un mes a cuatro años de prisión, privándolo además de la patria potestad o tutela.
La propuesta plantea también que las autoridades estarán obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adultas, bajo los preceptos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, incorporándose el principio de solidaridad intergeneracional.
De esta forma, se reconocerá a los adultos mayores como titulares de derechos y no como un grupo vulnerable, “lo cual es un cambio de paradigma, es decir, se considera el envejecimiento como un asunto de derechos humanos”, enfatizó Torres Peimbert.
Ello se correlaciona con las garantías a una vida libre de violencia física, psíquica, emocional y económica o de toda forma de abandono, que se vincula al derecho de las personas de la tercera edad a manifestar su consentimiento previamente a ser internados en alguna institución pública o privada.
En los casos en que el adulto mayor no cuente con las condiciones para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, deberá existir resolución judicial que determine el estado mental.
De igual forma, gozarán de pleno derecho a tener acceso equitativo a tratamientos de cuidados paliativos y a manifestar su consentimiento libre, previo e informado, para ser sometido a cualquier tratamiento o prueba médica, “permitiéndoles evitar el dolor y morir con dignidad”.
Por otra parte, se elimina la visión asistencialista del derecho a la vivienda y se crea una nueva fracción para establecer el derecho a la vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
Por otra parte, la propuesta incorpora a las secretarías de Hacienda y Gobernación dentro de las políticas públicas a favor de los adultos mayores; se destaca que en el caso de la Segob, esta habrá de vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil estimulen la solidaridad humana e intergeneracional, así como que en las programaciones se eliminen estereotipos de las personas de la tercera edad.
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