Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de Fray Tomás González Carrillo, Rubén Díaz Figueroa y del Hogar Refugio para Migrantes “La 72”, de Tenosique, Tabasco.

Para los legisladores “son crecientes las denuncias en torno a la participación de servidores públicos en actos de extorsión y acoso de migrantes”.

Esta situación, dijeron, “nos motiva a sumarnos al llamado de numerosas organizaciones de la sociedad civil de exigir que el Estado mexicano actúe de forma contundente para garantizar la integridad de los migrantes que atraviesan la ruta migratoria”.

Señalaron que la elevada migración proveniente de distintas naciones latinoamericanas, ha puesto en evidencia la crisis de seguridad y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan a territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos.

En dictamen aprobado se menciona que el 19 de abril de 2013 la CIDH solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para Fray Tomás González, Rubén Figueroa y para el Refugio “La 72”, tras considerar que el riesgo para la vida e integridad de estos defensores era “grave y urgente” al no contar con la protección adecuada ni necesaria.

En ese momento, la CIDH indicó que era necesario concertar las medidas cautelares con los beneficiarios e informar a la Comisión acerca del cumplimiento de éstas para que esas personas puedan desempeñar su labor en defensa de los derechos humanos.

Al respecto, el senador Zoe Alejandro Robledo Aburto, del PRD, aseguró que el activista Fray Tomás González Carrillo ha sido víctima de amenazas contra su vida, y ello se debe al trabajo realizado  en favor de los migrantes y sus derechos humanos.

Sostuvo que las recomendaciones de la CIDH no han sido atendidas por el gobierno mexicano, por lo que resulta urgente garantizar la solidaridad y el respeto a todos quienes laboran en sus albergues, no sólo por la actividad que llevan a cabo sino porque constantemente son atacados por “grupos de odio”.

A su vez, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que el mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos debe fortalecerse para garantizar el actuar de los activistas.

Dijo que ante los riesgos que hay a lo largo del país en contra de los migrantes  se debe velar por la protección a sus derechos humanos, al tiempo que solicitó al presidente de la República remitir las acciones implementadas para cumplir las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, destacó que es de gran relevancia la solicitud del Corte Interamericana hacia el gobierno federal para conocer las medidas de protección para Fray Tomás González Carrillo, de Rubén Díaz Figueroa y del Hogar para Migrantes conocido como “La 72”,

Por su parte, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano,  indicó que el tema de migrantes debe ser prioridad en México, “tanto por los que están en Estados Unidos y regresan sin tener aquí oportunidades, como por los que vienen de Centroamérica y los tratamos como parias”.

Al respecto, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal consideró que las amenazas a los defensores de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos son un hecho que afecta las garantías de Fray González Carrillo y Rubén Díaz Figueroa.

Dijo que pese a la atención por parte del gobierno federal a las recomendaciones de la CIDH, existen deficiencias y falta de recursos para atender este tema.

Por el Partido del Trabajo, la senadora Ana Gabriela Guevara señaló que se trata de un tema de seguridad nacional que debe ocupar a todos los legisladores. “Estamos frente a una posible reforma migratoria del país vecino y tenemos un cúmulo de problemáticas que van a desatarse si eso se da” y que significaría la repatriación de muchos connacionales.

“Hoy nuestro sistema no está en condiciones de poder garantizar esta atención, tenemos mucha tarea que hacer”, agregó.

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