El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo es uno de los instrumentos internacionales encaminados a erradicar el trabajo infantil, por lo que el Senado de la República conminó al Ejecutivo Federal hacérselo llegar para su aprobación.
Este instrumento internacional exige a los estados que lo ratifiquen, el establecimiento, de manera gradual y progresiva, de políticas públicas relativas a la edad mínima de admisión al trabajo que garanticen el pleno desarrollo físico y mental de los menores de 15 años.
El objetivo fundamental del Convenio es garantizar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niñas y niños y elevar progresivamente la edad mínima de admisión a actividades laborales.
Asimismo, busca garantizar que las niñas y los niños gocen de sus derechos y que los protejan de asumir responsabilidades que afecten su salud física, psicológica y el desarrollo de su personalidad.
Por ello, los legisladores asentaron en el dictamen avalado, la necesidad de reafirmar los derechos fundamentales de los menores a la educación, recreación, juego, cultura y deporte sin discriminación por ninguna condición.
En este sentido, argumentaron, el Convenio constituye un marco de protección a nivel internacional para erradicar el trabajo infantil, en la convicción de que la niñez es un periodo de vida que no debería dedicarse a realizar responsabilidades que afectan el libre desarrollo de la personalidad y su proyecto de vida.
Asimismo, señalaron que la ratificación del instrumento internacional es muy importante, dado que las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años son los que se encuentran en mayor riesgo de abandonar la escuela e incorporarse al mercado ilegal de trabajo.
Apuntaron también que de América Latina, México es el único país de la región que falta por ratificar el Convenio y es uno de los tres países que no cuentan con un organismo intersecretarial para atender el problema.
Por otra parte, refirieron que los argumentos para no ratificarlo “van desde las cifras que da el Gobierno Federal argumentando que debido a la política social, existe una disminución del empleo infantil; las que señalan que se debe reformar nuestro marco constitucional y que posteriormente se emprenda una reforma laboral integral”.
Sin embargo, los senadores detallaron en el dictamen que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno está obligado a respetar, proteger y garantizar todo derecho humano reconocido por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Al respecto, el senador petista David Monreal Ávila resaltó que el trabajo infantil priva de su infancia a los niños, niñas y jóvenes, lo que puede provocar que se limite el desarrollo de sus capacidad y violenta su dignidad.
El trabajo infantil es físico, mental, social y moralmente dañino para la niñez, pues es una etapa en la que no tienen una madurez que permita tomar decisiones acerca de su vida, además impide que culminen sus estudios o que tengan bajo rendimiento escolar.
En el país, detalló, existen alrededor de tres millones de infantes trabajando, entre los cinco y 17 años de edad, de acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil (anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), de éstos, 712 mil no asisten a la escuela y el resto combina la escuela con el trabajo.
Lo anterior, aseguró, deja ver que en el país no se cumple con lo establecido en la Constitución en sus artículos 3º, 4º y 123 y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que conminó a la aprobación del dictamen, a fin de dar certeza a los derechos de los infantes.
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