La reforma constitucional al artículo 1º publicada el 10 de junio de 2011 refuerza el carácter garantista de la Constitución mexicana y amplía el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente a nuestras autoridades. No obstante, no existe una ley reglamentaria que establezca cómo debe darse el cumplimiento de las recomendaciones o sentencias en la materia emitidas por los tribunales internacionales, lo cual permite que exista una violación reiterada a los derechos humanos.
Por lo anterior, la senadora Layda Sansores San Román presentó una iniciativa de ley por la que se adicionan los artículos 1º, 76 y 133 constitucionales, a fin de que el Estado cumpla con las resoluciones y sentencias emitidas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo el principio “pro persona” y de esta manera prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
En efecto, la reforma en materia de derechos humanos otorgó protección a nivel constitucional a los derechos en este ámbito reconocidos vía tratados internacionales y que no se encuentran en el texto fundamental. Más aún, estableció que se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.
No obstante, Sansores San Román apuntó a los casos de Rosendo Radilla Pacheco y del general José Francisco Gallardo, en los que no se han acatado los puntos resolutivos de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, a pesar de los compromisos internacionales contraídos por México, según los cuales debe participar en los procedimientos iniciados en su contra ante la Corte y a asumir las obligaciones que derivan de éstos.
“México a pie juntillas cumple los tratados comerciales, los tratados de seguridad como la Iniciativa Mérida, pero cuando se trata de derechos humanos simula o lo evade,” señaló la legisladora.
Al mismo tiempo, afirmó que es muy importante que México garantice y proteja los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en la Materia, ya que sólo así se romperá con la impunidad y se evitará que se sigan violentando los derechos humanos en nuestro país.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
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