Históricamente el centralismo ha sido un lastre para el desarrollo regional. Pese a las formas, la centralización se hace presente en las diversas áreas de competencia y desarrollo de actividades, particularmente las de carácter económico y de distribución de la renta, afirmó el senador Fidel Demédicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Precisó que sin un Federalismo real es imposible aspirar a un desarrollo armónico y equitativo entre los estados y municipios, por eso, se hace indispensable un cambio dentro de las dimensiones político-institucionales, hacendaria, administrativa, de desarrollo regional y municipal, evitando las prácticas inducidas de beneficio exclusivo, estrategias divergentes y prácticas clientelares ajenas al espíritu constitucional.
En consecuencia, el legislador por el estado de Morelos presentó una iniciativa para reformar el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116, para que se posibilite a la Federación, al igual que a la respectiva entidad federativa, la celebración de los convenios correspondientes que establecen esas disposiciones constitucionales.
“Es insostenible que los gobernadores de los estados, al ser los intermediarios de los recursos federales y generadores de los planes estatales de obras, subordinen por intereses políticos, personales o de grupo a los municipios limitando o determinando el desarrollo de un municipio y de sus habitantes; el centralismo ha dado claros ejemplos de la generación de autoritarismo, el cual no debe de regresar a una democracia con alternancia partidista”, señaló.
Enfatizó que el municipio es la célula básica de la administración pública y como tal es el principal motor de transformación, primer nivel de contacto y de beneficio social, por lo tanto, la reforma propuesta permite ampliar sus horizontes dentro del pacto federal.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló, el municipio debe tener las posibilidades jurídicas para atender sus necesidades y prioridades sin tener que depender de los intereses que pudieran generarse de un partido político diverso o la visión personal y particular de quien detenta el poder en el gobierno del Estado.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.
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