El Senado de la República comunicó a los congresos de Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que a nivel de comisiones trabaja en el análisis jurídico de diversos ordenamientos en materia de aguas, con el fin de concretar una reforma integral.
Lo anterior, luego de diversos acuerdos que han remitido al Senado de la República los congresos de dichas entidades, en relación a la Ley General de Aguas, y a la expedición de una nueva Ley de Aguas Nacionales.
En el dictamen aprobado por unanimidad se señala que México siempre se ha caracterizado por ser un país vanguardista en diferentes temas de trascendencia jurídica, y el relativo a las aguas no ha sido la excepción.
“Basta recordar que el Constituyente de Querétaro declaró que el agua es una propiedad originariamente de la nación, con lo cual se deduce que quiso consagrar un régimen de apropiación pública del vital líquido”, se indica.
Se menciona que el agua en nuestro país se ha convertido en un asunto de seguridad nacional por su escasez, baja calidad, pocas posibilidades de reúso y la irregular distribución que ocasiona el constante crecimiento de la demanda.
“No es suficiente --se subraya en el texto-- que se exhorte a los Estados a que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos relativas al acceso al agua potable y al saneamiento, sino que también resulta necesario convocar a los estados a promover y proteger el derecho humano al agua potable y al saneamiento desde el ámbito constitucional”.
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