La operación de la Presa Picachos, uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos en Sinaloa, se encuentra en riesgo por intereses económicos y problemas sociales derivados de la violación de derechos humanos de comuneros, que han alcanzado una resonancia internacional, advirtió la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Bajo estos argumentos propuso ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al gobierno estatal a conciliar entre las partes para frenar el conflicto, así como la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Estatal de Derechos Humanos en la investigación de presuntas agresiones y amenazas en contra de defensores de comuneros afectados por las obra de referencia.
La legisladora perredista expuso que a nueve meses de ser inaugurada, la Presa Picachos no cumple con el objetivo de generar electricidad y tampoco cuenta con la infraestructura para distribuir agua de riego debido a diversos retrasos, estimándose que esta obra tardará seis años más para operar al cien por ciento.
Estos atrasos, a decir de la Comisión Nacional del Agua, se deben a diversas acciones emprendidas por comuneros que reclaman indemnizaciones por verse afectados por la obra.
“Se ha generado uno de los conflictos sociales más relevantes para el gobierno del estado de Sinaloa, el cual ha adquirido una gran resonancia a nivel nacional e internacional, en virtud de que ha derivado en diversas violaciones a los derechos humanos de las comunidades aledañas, así como en amenazas y agresiones contra las personas que los asesoran y promueven su defensa jurídica”, aseveró la legisladora.
“La intensa lucha por la defensa de sus tierras –abundó- ha costado a los comuneros de la región llamadas de muerte, asesinatos de compañeros, golpes, insultos y mucho dinero. Frente a los que consideran un despojo, cientos de pobladores de los cinco pueblos afectados han tenido que dejar sus casas porque serían cubiertas por el agua acumulada”.
La política jalisciense precisó que sumaron 800 las familias desalojadas por la construcción de la Presa Picachos, recrudeciéndose el encono social por el incumplimiento de los pagos de las tierras y del atraso en la reconstrucción de sus pueblos.
El 16 de marzo de 2010 se registró el primer acto violento, cuando un grupo de comuneros que viajaba de Culiacán a Mazatlán tuvo un presunto enfrentamiento con sicarios; el saldo fue de nueve personas muertas, seis de ellas comuneros.
En noviembre del mismo año fue secuestrado y asesinado Fernando Lugo Velasco, líder operativo de los pobladores, a manos de un grupo armado.
A esto se suman las agresiones en contra de los defensores Alma Barraza y Atilano Román, lo que derivó en la renuncia de Alma Barraza, lo cual fue notificado a los juzgados que siguen el litigio de los comuneros que exigen una indemnización justa por la pérdida de sus propiedades bajo las aguas de la presa.
Angélica de la Peña subrayó que Barraza renunció tras ser detenida y posteriormente liberada por la Policía Ministerial del Estado, junto con otros 24 comuneros y el líder del movimiento de los desplazados, Atilano Román, cuando pretendían incorporarse al desfile de carnaval para protestar por el despojo de las tierras en mención.
Luego de su liberación, Barraza y Román denunciaron tortura, privación ilegal de la libertad y la violación de las garantías, como el reunirse con sus abogados, hablar con sus familiares y ser notificados del delito por el cual se les detuvo.
Es de señalarse que la Presa Picachos fue construida en un área que abarca los poblados de Casas Viejas y Las Iguanas, municipio de Concordia, así como los de Copales, El Placer, La Puerta de San Marcos y San Marcos en Mazatlán.
La obra concluyó en noviembre de 2012, con un costo total de mil 567 millones 700 mil pesos, aportados de manera compartida entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), gobierno del estado, municipio y los propietarios de las tierras.
El objetivo de la Presa Picachos es garantizar el agua potable a Mazatlán durante los próximos 30 años, generar energía eléctrica e irrigar 22 mil 500 hectáreas agrícolas, convirtiéndolas de tierras de temporal a propiedades de riego por goteo.
Según el proyecto, el vaso de la presa inundaría 2 mil 975 hectáreas de los pueblos San Marcos, Puerta de San Marcos, El Placer, Los Copales, Casas Viejas y Las Iguanas, comunidades pertenecientes a los municipios de Mazatlán y Concordia.
La proposición se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.
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