Senado de la República

En el marco de discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza propuso derogar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones.
En su exposición, la senadora perredista destacó que una verdadera política de Estado debe vislumbrar a las telecomunicaciones y la adopción de tecnologías de información como instrumentos insustituibles que deben potenciarse para atacar los problemas de crecimiento y desarrollo económico.
Recalcó que el IEPS fue concebido como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco y las bebidas embriagantes, a fin de disminuir su consumo por lo que “las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios”.
Desde 2010, dijo “los servicios de telecomunicaciones están gravados con una tasa de 3 por ciento, que se aplica al precio cobrado y sobre este resultado se suma el IVA de 16 por ciento, con lo que el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber”.
Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS), agregó.
En este sentido, indicó que la experiencia mundial demuestra que el aceleramiento en la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto, apuntó.
La también Secretaria de la Mesa Directiva manifestó que a pesar de que el servicio del Internet fue exceptuado de dicho gravamen, en la práctica no resulta aplicable la excepción, ya que actualmente los servicios son integrados y convergentes (doble, triple y cuádruple play) y se venden empaquetados por un misma tarifa que incluyen los servicios de voz, datos y multimedia a los que se les aplica de manera general el IEPS.
La aplicación del IEPS de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones implicó un aumento en los precios que pagan los usuarios en 19.5 por ciento, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas en ingresos para la industria por tres mil 194 millones de pesos por año, añadió
Esta disminución en los ingresos se ha traducido en una merma de 3.23 por ciento de los ingresos de las telecomunicaciones, lo que representa un impacto negativo al aparato productivo nacional, además de que refleja una recaudación menor a la esperada.
Las telecomunicaciones en México tienen un gravamen de 3.48 puntos por arriba de la tasa general del IVA y al considerar que actualmente el principal medio de comunicación es la telefonía móvil, cuya tasa de penetración es superior al 72 por ciento, el impacto negativo de este impuesto ha afectado principalmente su nivel de acceso y su consumo, aseguró.
Al respecto, los efectos negativos se han hecho sentir en todos los estratos de la población, ya que inclusive los hogares con menores ingresos tienen un consumo considerable: la penetración de telefonía móvil en el primer decil de ingresos supera 20 por ciento de los domicilios.
Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la implementación del impuesto es la merma en penetración que genera, ya que el país debería contar con más de 100 millones de líneas, casi cuatro millones más de los 96.6 millones actuales, diferencial que corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos.
Por ello, además de tener un bajo impacto recaudatorio, son evidentes las consecuencias de afectación del impuesto tanto al crecimiento de las telecomunicaciones, como en forma directa a los usuarios, limitando el ritmo de crecimiento de accesos fijos, móviles y de banda ancha, con sus consecuentes efectos perniciosos en la productividad, competitividad, generación de empleos y bienestar social.
Además, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y documentos emanados del Congreso, afirman que el uso de las TICS y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, agilizan el desarrollo económico, mejoran la competitividad, incrementan la calidad de vida de la población y el aumento del 10 por ciento de la penetración de la banda ancha, podría incrementar hasta en 1.4 por ciento el PIB nacional.
Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente durante una desaceleración económica como la que actualmente vivimos,  ya que disminuyen el consumo en bienes que poseen efectos de red naturales asociados a ellos, finalizó.
La iniciativa para que derogar los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se turnó a la Cámara de Diputados para su dictaminación.
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