El senador perredista Zoé Robledo Aburto propuso reformar la Constitución, con la finalidad de que el Ministerio Público respete irrestrictamente el debido proceso como mecanismo garante de los derechos humanos.
Señaló que casos como el Michoacanazo, el de Florence Cassez y el de Alberto Patishtán son ejemplos “de la lamentable actuación de las autoridades ministeriales que terminan sustentando sus posicionamientos en creencias más que en hechos”.
Al enfocarse en el caso del profesor Patishtán, dijo que éste fue acusado en el año 2000 de asesinar a siete elementos policiacos en una emboscada que tuvo lugar en el camino que une a los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas.
El 19 de junio del 2000 --explicó-- cuatro hombres vestidos de civil, sin orden de aprehensión, detuvieron al profesor Patishtán cuando se dirigía a su trabajo; sin embargo, su detención se dio de manera violenta, pues fue golpeado, humillado, torturado y conducido a un arraigo domiciliario en el que estuvo cautivo por 30 días.
Se le mantuvo incomunicado y se ocultó su paradero, además durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico no se consideró su condición de indígena y en sus declaraciones no participó ningún traductor, precisó.
Aunado a ello, Robledo Aburto hizo notar que las indagatorias estuvieron plagadas de irregularidades, además de rechazar todas las pruebas presentadas por Patishtán.
El legislador destacó que a la fecha, Alberto Patishtán se encuentra en el Cereso número 5, ubicado en San Cristóbal de las Casas, en espera de que la justicia mexicana reconozca que su caso es una larga cadena de agravios y le sea otorgada su libertad.
Por ello, consideró fundamental que el MP esté obligado a conducirse con apego al debido proceso y ligar su inobservancia con las responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que se trata de garantizar la aplicación de un derecho humano.
Puntualizó que el debido proceso es un principio jurídico al que toda persona tiene derecho, pues asegura un resultado justo y equitativo al permitirle la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
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