Los tres niveles de gobierno deben trabajar conjuntamente a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, aseguró la senadora Mariana Gómez del Campo.
Al presentar una iniciativa a nombre propio y del senador Zoé Robledo Aburto, la legisladora afirmó que en nuestro país existe una gran contradicción, pues el fenómeno migratorio nos acompaña desde las raíces de nuestra historia y, no obstante, nunca en nuestra Constitución se ha hablado específicamente de los derechos de este grupo vulnerable.
De esta manera, Gómez del Campo hizo énfasis en que es necesario establecer en la Constitución que la situación migratoria irregular no impide el goce de derechos plenos, a fin de “que ser migrante no signifique dejar de tener derechos, que no signifique perder la dignidad o dejar de ser persona”.
El proyecto también busca, apuntó, que los gobiernos estatales y municipales trabajen en coordinación con el Gobierno Federal para diseñar mecanismos de atención y protección y coadyuvar con las labores asistenciales que prestan los albergues y casas de migrantes, que “están haciendo lo que las autoridades no pueden o no quieren”.
En este sentido, apuntó que de acuerdo a organizaciones no gubernamentales, tan sólo el año pasado transitaron por nuestro país 400 mil personas, de las cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendió a casi 70 mil por su condición de vulnerabilidad y por violaciones a sus derechos.
Así, Gómez del Campo afirmó que es necesario que nuestras leyes estén al día con la realidad que vivimos, por lo que “lo que se requiere en el Senado son muchas voces, lograr 128 voces a favor de los migrantes y que estemos impulsando iniciativas de ley para que este tema se convierta en agenda prioritaria”.
Más aún, de este modo se estaría en línea con los tratados y convenciones que México ha suscrito para sancionar y erradicar prácticas que atenten contra los derechos humanos. Además, se actuaría en congruencia frente a la reforma migratoria en Estados Unidos pues si pedimos que allá se trate bien a nuestros connacionales, antes tenemos que demostrar que aquí se trata dignamente a quienes se ven obligados a abandonar su país.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
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