Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL


altLa senadora perredista Angélica de la Peña Gómez propuso facultar “exclusivamente” al Congreso para expedir la legislación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en el que se establezca la distribución de competencias, así como las formas de coordinación y auxilio entre la Federación, el Distrito Federal y los estados para el proceso y ejecución de las medidas.
Ello, a través de una reforma a los artículos 18 y 73 de la Constitución, con lo que busca contar con un sistema nacional único y, por otro lado, para inscribir el derecho superior de la niñez.
En este sentido, señaló que la asistencia social que la Constitución establece tiene que encargarse -además- de las medidas alternativas de privación de libertad, también en la rehabilitación de todos aquellos que son menores de 12 años.
Por ello, propuso que en la eventualidad de que menores de 12 años se vean involucrados en una comisión de delito, sólo sean sujetos a rehabilitación y asistencia social y que “solo sea aplicable la normatividad en materia de delincuencia organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio a la persona adolescente”.
Con la modificación al Artículo 18 Constitucional también se orienta cómo tiene que ser el sistema, “a nivel nacional”, de tal forma que también respondamos a los problemas que tenemos en algunas entidades federativas, cuando se ven involucrados adolescentes menores de 12 años en delincuencia organizada, aseguró la legisladora.
Todo lo anterior, explicó la senadora perredista, en el contexto de las reformas al Artículo 18 Constitucional para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2005 y con la posterior que instruye implementar el sistema de justicia penal de corte acusatorio, publicada el 18 de junio de 2008, en que México adoptó constitucionalmente la protección integral.
Al respecto, destacó que el primer paso para implementar el sistema integral de justicia para adolescentes fue que las entidades federativas y la Federación emitieran las leyes reglamentarias del citado sistema y a partir de entonces el país empezó a sustituir el anterior sistema llamado “para menores”, por el sistema integral de índole garantista.
Los estados, entonces, se dieron a la tarea de incorporar los esquemas que se aparejaran a las exigencias constitucionales del momento en que fueron elaboradas sus normas, las que debido a la publicación previa a la reforma constitucional en materia penal de 2008, en la mayoría de las entidades no se alinearon al nuevo modelo procesal penal acusatorio.
La iniciativa que reforma los artículos 18 y 73 de la Constitución, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda y se adhirió el senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista.
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