A fin de cumplir con el mandato impuesto por la propia expedición de la Ley General de Víctimas en enero del año en curso, la senadora Cristina Díaz Salazar propuso un proyecto que busca garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones graves a los derechos humanos.
La legisladora priista planteó la reintegración de las víctimas a la vida cotidiana a través de la reparación o restitución de los derechos y condiciones para su reincorporación a la normalidad social ya que, aseguró Díaz Salazar, “el Estado no sólo está obligado a llevar a cabo la sanción del delito”.
Díaz Salazar advirtió que por mucho tiempo “hemos visto como una consecuencia natural a la víctima”. No obstante, señaló que la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de impulsar dentro de las estructuras estatales, la protección real de la víctima como eje central del Estado de Derecho y en especial del derecho punitivo.
De acuerdo con la legisladora, esta reivindicación de las víctimas y sus derechos dentro del sistema penal se ha materializado con la emisión de la Ley General de Víctimas, la cual ha establecido una serie de obligaciones a la Federación que conllevan la adecuación de diversos ordenamientos, a fin de hacer posible el acceso al sistema de salud de las víctimas del delito.
De esta manera, el proyecto de decreto prevé armonizar la Ley General de Víctimas con la General de Salud en materia de atención a las víctimas directas, indirectas y potenciales que requieran atención médica de urgencia. Esto, con el objetivo de “cerrar la pinza en la protección de aquellos que el Estado, principal responsable, no ha logrado proteger o ha violentado gravemente su esfera de derechos constitucionales”, aseveró.
Así, se establece que las instituciones de salud públicas y privadas brinden atención médica a las víctimas. Para este último caso, se prevé que una vez pasada la emergencia sean trasladadas a instituciones públicas, detalló.
De aprobarse la iniciativa planteada, las entidades públicas de atención sanitaria tendrán la obligación de atender y restablecer la salud, respetando los principios de integralidad, dignidad humana y demás previstos en la Constitución, Tratados Internacionales, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.
Igualmente, organismos de salud, tales como el Consejo de Salubridad y el Sistema Nacional de Salud, deberán diseñar mecanismos de atención a las víctimas que respondan al respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos, como el derecho a la salud.
La propuesta se turnó a las comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.
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