El Grupo Parlamentario del PRD presentó su propuesta de reforma energética con la cual pretende crear un nuevo régimen fiscal en Pemex que genere recursos adicionales para inversión productiva y revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto la paraestatal.
Con ello, se pretende cumplir con su objeto de abastecedor de energéticos de calidad, accesibles y a un costo razonable y poder garantizar la seguridad energética, anunció el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada.
“Para fortalecer a Pemex como una empresa de clase mundial no se necesita reformar la Constitución sino liberarla de la inmensa carga fiscal que lleva sobre la espalda, mejorar su organización y utilizar inteligentemente los excedentes petroleros”, apuntó.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el legislador destacó que la propuesta en materia de hidrocarburos y electricidad no plantea reformar la Constitución ni transferir recursos de la Nación, o sus rentas, a particulares.
“Busca -sin privatizar- que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fortalezcan su aporte al desarrollo nacional, para detonar la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleo”.
Nuestro planteamiento, dijo, responde a la decisión de millones de mexicanos que piensan que el petróleo y la electricidad deben de continuar como áreas estratégicas de nuestro desarrollo y como propiedad de la nación, porque es posible fortalecerla y mejorarla con una reforma profunda a su marco legal que combata la corrupción y transparente su funcionamiento.
Además -señaló- Petróleos Mexicanos es la empresa más importante en México y ocupa el primer sitio en ventas totales; a nivel internacional es el segundo lugar en utilidades, quinto productor de petróleo crudo en el mundo.
En este contexto, la propuesta plantea la autonomía presupuestal y de gestión de la Paraestatal para ejercer los recursos provenientes de la descarga fiscal con base en los requerimientos que establezca el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se plantea que sacar a Pemex y CFE del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de un nuevo Gobierno Corporativo, se reintegra verticalmente a la empresa desapareciendo los organismos subsidiarios, se reorganiza la integración de los Consejos de Administración, se reducen los Comités de Apoyo al Consejo de Administración y se le da un objetivo prioritario de internacionalizarse.
Además, se transforma a dichas instituciones en verdaderas empresas públicas con características propias para hacerlas más ágiles, robustas e independientes en su toma de decisiones con la meta de cumplir con su objeto energético.
En el mismo sentido, se propone que Pemex deje de ser una empresa exclusivamente petrolera para ser una “energética integral” con nuevos mandatos para contribuir al desarrollo, producción y uso de fuentes de energía alternativas como los biocombustibles.
Al respecto, el legislador apuntó que en el largo plazo los hidrocarburos se acabarán y será necesario iniciar la transición energética cuanto antes, por lo que se le obliga a adaptarse en el quehacer cotidiano de sus diversas actividades a los efectos adversos del cambio climático.
Además, dijo, se busca que a la paraestatal se le otorguen mayores recursos a la Investigación y Desarrollo Tecnológico, con un incremento del Derecho Ordinario para la Investigación Científica y Tecnológica al pasar de 0.65 a 1.00 por ciento sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural, con lo que automáticamente se aumentan los recursos destinados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Otra de los cambios que ofrece la reforma es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se transforman en organismos descentralizados con personalidad jurídica, patrimonio propios y autonomía de gestión, operativa y funcional y se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia a Pemex.
Otro punto importante es la creación de un Fondo para los Excedentes Petroleros, que se tendrán que utilizar para los proyectos prioritarios de Pemex y CFE, así como el desarrollo de una estrategia para el ahorro de combustible y proyectos que favorezcan a la transición energética.
“Estamos seguros que la propuesta responde a una sociedad que desea que Pemex siga siendo 100 por ciento mexicana”, finalizó Barbosa Huerta.
Por su parte, el diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, manifestó que la propuesta contiene un enfoque nacionalista y un claro horizonte progresista que busca mantener y fortalecer nuestra soberanía.
México, expresó, requiere impulsar reformas que transformen la vida política, económica y social a fin de acabar con la desigualdad y la pobreza de los mexicanos.
“Son muchas las diferencias con la iniciativa que presentó en días pasados el Ejecutivo Federal y el Partido Revolucionario Institucional, pero un asunto de fondo es que nosotros defendemos la absoluta soberanía de la nación y no modificamos con reformas constitucionales el claro propósito de entregar la riqueza petrolera a manos particulares”, aseguró.
Aureoles Conejo subrayó que su partido está convencido que el sector energético requiere de una modernización, que Pemex se convierta en la gran empresa que beneficie a todos los mexicanos, “por lo que creemos que se puede ser más competitivo, eficiente y autosuficiente”.
La propuesta conserva la propiedad directa de la nación sobre sus recursos naturales, petroleros y los hidrocarburos y mantiene a la electricidad como área estratégica de la nación, finalizó.
La propuesta que reforma 12 leyes y promulga la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros, se turnó a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.
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