Senado de la República

Las Comisión Permanente recibió del Ejecutivo federal tres iniciativas de leyes generadas por la reforma constitucional  en materia educativa aprobada el pasado 26 de febrero.
Se trata de los proyectos de leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente, así como la que reforma la Ley General de Educación.
Las leyes que el presidente de la República propone buscan  contribuir a que la educación básica y media superior que imparte el Estado alcance los niveles de calidad que la sociedad demanda.
En este marco,  la iniciativa que crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, éste como organismo autónomo, concibe a la evaluación como un instrumento para contribuir a mejorar la calidad de la educación y orientar la formulación de políticas educativas en ese sentido.
Por ello, “la práctica de la evaluación educativa debe ser considerada una constante en el sistema educativo nacional y no ser visto como algo extraordinario”.
En los considerandos, el  presidente de la República asegura que los procesos de evaluación “permitirán acentuar las fortalezas y remediar las debilidades en el sistema educativo nacional”, siempre tomando en cuenta los contextos sociales y culturales donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La iniciativa que crea el Servicio Profesional Docente tiene como propósito asegurar la institucionalización de éste, pues  para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta  imprescindible la calidad y equidad educativas.
Al exponer los motivos de este proyecto, el primer mandatario calificó de injusto atribuir los bajos resultados en materia educativa a un solo factor, a los docentes, como frecuentemente se ha señalado “de manera equivocada”.
El magisterio, dijo, reclama evaluaciones que consideren una valoración integral de su desempeño y atiendan a la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función docente tiene lugar.
En este sentido, afirmó que la creación del Servicio Profesional Docente responde, precisamente, al reclamo de una evaluación justa que asegure la dignificación de la profesión docente.
La iniciativa, añadió, recoge opiniones de maestros, expertos y representantes de la sociedad y favorece una cultura que permite apreciar el valor que la evaluación aporta para que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio tengan como base los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Por lo que toca a las reformas a la  Ley General de Educación, el Ejecutivo plantea crear las Escuelas de Tiempo Completo, con jornadas de seis a ocho horas diarias, para aprovechar el tiempo disponible en el desarrollo económico, deportivo y cultural.
Para el efecto,  las autoridades educativas competentes establecerán de forma paulatina y conforme a su presupuesto las escuelas de tiempo completo, lo que se considera una medida concreta para mejorar las condiciones de vida de las zonas de menor desarrollo del país, toda vez que de tal forma se podrá abatir el rezago educativo característico de dichas regiones.
Esta reforma también sugiere la constitución del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),  para que se convierta en la plataforma que contenga los datos necesarios para la operación del sistema educativo.
Además, entre otras propuestas, prevé impulsar esquemas eficientes a partir de microempresas locales para el suministro de alimentos nutritivos en aquellas escuelas que lo necesiten en razón de sus índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.
La iniciativa “prohíbe en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos” y al mismo tiempo reconoce que la mala nutrición de muchos de los alumnos se debe a la falta de dietas balanceadas, lo cual se manifiesta en problemas como desnutrición y obesidad.
La SEP, de acuerdo a los criterios que determine la Secretaría de Salud, emitirá los lineamientos a que se sujetarán el expendio y la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, entro de las escuelas.
Los oficios que contienen las tres iniciativas fueron turnados a la Comisión de Educación Pública y  Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
--oOo--