La Segunda Comisión aprobó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el marco del inicio del ciclo escolar 2013–2014, refuerce las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia, así como las medidas precautorias que ha realizado para evitar el alza excesiva de precios en la venta de útiles escolares, uniformes, calzado y colegiaturas en escuelas particulares.
En el dictamen aprobado por este órgano del Congreso, que preside el senador Armando Ríos Piter, se advierte que las familias mexicanas cada vez tienen que realizar un mayor gasto en artículos y servicios de la educación, pues en los últimos 10 años, este rubro se elevó 5.8 por ciento en promedio por cada hogar en el país.
A menos de 15 días del inicio del ciclo escolar, resaltaron senadores y diputados, el retorno a clases trae consigo inquietud, preocupación y hasta frustración en los padres al momento de realizar la compra de calzado, uniformes y útiles escolares, pues muchas veces sobrepasa el presupuesto familiar.
Algunos, inclusive, no descartan acudir a casas de empeño, a fin de lograr un poco de dinero extra que les permita cumplir con este compromiso.
Destacaron que uno de los derechos primordiales de los consumidores es el de conocer el precio real de los útiles, pero también los planteles particulares deben exhibir los cuotas de los servicios que ofrecen, así como el costo de inscripción, porque en muchos casos no se realizan como lo establece la Ley de Federal de Protección al Consumidor.
La Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco reconoció que los gastos en material escolar pueden variar conforme a la escuela de que se trate --pública o privada--; sin embargo, enfatizaron, la Procuraduría tiene que mantener la vigilancia con el propósito de evitar el cobro excesivo por concepto de útiles o cuotas escolares.
Cabe señalar que en este periodo escolar, poco más de 35 millones de niñas, niños y adolescentes regresarán a clases, de tal forma que las escuelas ya han dado a conocer su lista de útiles que solicitarán a los alumnos.
En otro tema, los legisladores avalaron un punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Educación Pública un informe sobre la supervisión, evaluación y seguimiento que se han realizado a las instituciones particulares que se encuentran incorporadas al programa de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el país.
Urge política social para prevenir y abatir consumo de drogas en menores
En la misma reunión de trabajo, la Segunda Comisión validó un dictamen para que los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal establezcan una política social adecuada, moderna, inclusiva y eficaz para prevenir y abatir el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre la población menor de edad, con la finalidad de erradicar el consumo de drogas legales e ilegales a muy temprana edad.
Al respecto, los legisladores señalaron que según la Encuesta de consumo de drogas en estudiantes de la Ciudad de México 2012, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, la ingesta de estupefacientes, así como de alcohol y algunas otras sustancias ilegales está presente sobre todo en los alumnos de secundaria y bachillerato.
“El Distrito Federal es una fuente de peligro permanente, pues se enlazan distintos factores que propician el aumento constante en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, amén de que la disponibilidad de los jóvenes a un mercado presente en escuelas y lugares de esparcimiento favorece un mercado de drogas en expansión”, señala el dictamen.
Por otra parte, mencionaron que se ha demostrado que la tolerancia hacia el uso del cigarro y alcohol es un factor que favorece el consumo de drogas más duras, con lo que se incrementan las probabilidades de que los menores de edad tengan acceso a sustancias más nocivas que perjudiquen su salud.
Demandan convenio de colaboración institucional entre instituciones de salud
Con el propósito de establecer criterios y mecanismos para la integración y administración de una sola base de datos del Padrón de Afiliados al Sistema de Salud, la Segunda Comisión de la Permanente hizo un llamado a las instancias de seguridad social y de salud del sector público para que con ese fin celebren un Convenio de Colaboración Institucional.
En este sentido, los legisladores destacaron que el Sistema de Salud actual está en franca desorganización, pues mantiene invasiones en facultades de la prestación del servicio de un instituto hacia el otro y con ello déficit presupuestal.
Actualmente --explicaron-- los hospitales privados, públicos o cualquier médico en un consultorio propio deben operar su expediente acatando tres leyes federales, cinco decretos presidenciales, cuatro reglamentos federales y seis normas oficiales.
Además, existen 32 distintos expedientes clínicos por cada entidad federativa, uno por cada hospital privado, otro a cargo del Instituto de Seguridad Social, uno por la Seguridad Social de Trabajadores del Estado, uno por la Secretaría de Defensa Nacional y uno a cargo de trabajadores del instituto a cargo del petróleo nacional.
Aunado a ello, detallaron, persiste la permanente afiliación sin control eficiente, que a su vez, devino en otra situación grave para la atención médica de calidad, llamado Porcentaje de Colisión de afiliados a la Seguridad Social.
Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación declaró que el Seguro Popular y los demás Institutos de Salud pública afilian de 30 a 80 mil personas que ya se encuentran adscritas a otra instancia, “de hecho el Seguro Popular tiene registradas alrededor de cuatro millones 273 mil 290 personas en duplicidad”, informaron los legisladores.
Incluso, apuntaron, esta medida ha provocado un registro de ocho millones de afiliados inexistentes, puesto que al sumar el padrón de beneficiarios al Seguro Popular, IMSS e ISSTE, se rebasa el número de habitantes en el país: 112 millones 336 mil 538.
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